Claudia Celeste Núñez Torres, funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) desde 1996 y madre del diputado Mauricio Espínola, quedó en el centro de cuestionamientos sobre el control de asistencia durante su comisionamiento en la Municipalidad de Villeta.
Una investigación periodística expuso dificultades para ubicarla en su lugar de trabajo y versiones contradictorias dentro de la propia comuna acerca de su oficina, horario y mecanismo de registro.
Núñez Torres fue comisionada como directora de Relaciones Interinstitucionales de la Municipalidad de Villeta, según se indicó en la cobertura televisiva de Unicanal.
La comisión rige desde el 10 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026. Aunque su salario es abonado por el IPS, institución a la que pertenece desde hace tres décadas, cumple tareas en la administración municipal.
La pesquisa periodística incluyó visitas durante dos semanas a distintas dependencias de la Municipalidad de Villeta.
En esos recorridos, el equipo afirmó no haber encontrado a la funcionaria en los sitios señalados como posibles oficinas: primero la Secretaría de la Juventud, luego el Teatro Municipal, Secretaría General, el área de Cultura y otros sectores de la comuna.
La falta de una ubicación fija fue uno de los elementos que abrió las dudas. Una funcionaria municipal indicó inicialmente que Núñez Torres “no cumple funciones acá” al ser consultada en una de las oficinas.
Otra fuente señaló que la directora “viene algunos días”, mientras que desde Secretaría General afirmaron que realiza tareas fuera de la institución por la naturaleza de su cargo.
La secretaria general de la Municipalidad, Fanny Escobar, sostuvo que Núñez Torres cumple una jornada de seis horas y que ese día había avisado que llegaría más tarde por un cuadro gripal.
También explicó que los funcionarios comisionados pueden registrar su asistencia mediante planillas, en vez del reloj biométrico utilizado por otros trabajadores.
Sin embargo, el punto central del cuestionamiento es precisamente cómo se controla ese cumplimiento. Durante la cobertura, Recursos Humanos indicó que el seguimiento documental de la funcionaria correspondía a Secretaría General.
Desde esa dependencia se respondió que se remite un informe mensual de asistencia, mientras que Núñez Torres sostuvo que su superior inmediata firma las planillas que presenta cada mes.
La normativa citada en el informe periodístico establece que la entidad de destino debe remitir mensualmente a la institución de origen el registro de asistencia de los funcionarios trasladados temporalmente.
Ese registro, según la disposición mencionada, debe realizarse mediante mecanismos de control tecnológico, biométrico o digital dispuestos por resolución.
La funcionaria defendió su desempeño y rechazó que no trabaje. “Yo estoy trabajando acá. Tengo varios proyectos”, afirmó al ser localizada por el equipo periodístico. También aseguró que su función requiere movilización fuera de la sede municipal.
“Yo generalmente estoy afuera de la institución”, explicó, antes de insistir en que cuenta con planillas mensuales de asistencia. Sobre el horario, sostuvo que llega a la comuna y luego debe salir nuevamente para realizar trámites vinculados a sus tareas.
Núñez Torres negó cobrar G. 12 millones, cifra mencionada durante el cruce, y aseguró percibir alrededor de G. 8 millones por su cargo de jefa de sección en el IPS.
La periodista Blanca López observó una planilla exhibida por la funcionaria, aunque no recibió copia del documento. Según el intercambio registrado, la planilla consignaba asistencia de 7:00 a 13:00 y llevaba la firma de la secretaria general.
La reportera cuestionó que las vigilancias previas no coincidieran con esos horarios declarados; Núñez respondió que sus tareas no se limitan a permanecer en una oficina.
El caso no se agota en determinar si Núñez Torres realiza o no gestiones para Villeta. La cuestión de fondo es si existe un control institucional claro, verificable y ajustado a las reglas para una funcionaria del IPS comisionada a otra entidad.
Si el registro es por planilla, corresponde precisar quién certifica la presencia, bajo qué método se respaldan las salidas de campo y qué documentación se remite mensualmente al IPS.
El IPS, que paga el salario de la funcionaria, y la Municipalidad de Villeta, donde presta servicios, tienen la obligación de despejar esas dudas con documentos.
La transparencia no se resuelve con oficinas cambiantes ni con responsabilidades que pasan de una dependencia a otra: se resuelve con registros de asistencia, informes de tareas y controles que puedan ser revisados.