La Cámara de Diputados discutió durante horas el crédito de hasta USD 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la conectividad rural, pero el resultado político de la sesión fue mucho más claro que la extensión del debate: las comunidades que esperan caminos, puentes y una salida digna no pueden seguir siendo rehenes de disputas internas, cálculos electorales ni discursos que confunden control con parálisis.
El financiamiento permitirá intervenir unos 123 kilómetros de caminos vecinales y 315 metros de puentes en Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Itapúa, Caaguazú y Caazapá. Son zonas donde la lluvia no es una anécdota climática, sino una barrera para llegar a una escuela, un centro de salud o un mercado. El proyecto prevé además una ampliación presupuestaria para el MOPC y forma parte de una estrategia mayor de conectividad rural.
El diputado Néstor Castellano puso los números sobre la mesa y explicó que las obras facilitarán “un acceso más rápido y seguro a los centros de salud, a instituciones educativas” y a los mercados. No se trata de una promesa abstracta: se trata de infraestructura para comunidades que llevan años esperando. El préstamo, precisó, tiene un plazo siete años para desembolsos, ocho años de gracia y una tasa variable que fue citada en 4,94% para el segundo trimestre.
La necesidad de aprobar no nació de un capricho de Asunción. Miguel del Puerto habló de distritos de Caaguazú que “están esperando hace 15, algunos 20, otros 25 años” las obras anunciadas. Bettina Aguilera llevó al recinto el reclamo de Santa Lucía y Laurel, en Alto Paraná, y recordó que pobladores de la zona incluso realizaban una movilización pacífica para exigir una respuesta. También mencionó a los vecinos de Pengo San Miguel, en Minga Guazú, que todavía dependen de una balsa averiada para cruzar un río.
Arturo Urbieta celebró los puentes previstos para Callejón 40, en Horqueta, y resumió una verdad sencilla: “La conectividad no tiene precio”. Avelino Dávalos hizo lo propio por la ruta de Tuna - Tarumá, en Abaí, Caazapá. “Por fin llegó el día”, expresó, con la expectativa de que en menos de 180 días se inicien los llamados correspondientes. No es propaganda: es la voz de localidades productivas que llevan demasiado tiempo aisladas.
La discusión, sin embargo, se contaminó con una disputa política alrededor de las postergaciones del proyecto y de quién merecía atribuirse el mérito de haber conseguido quórum.
Hugo Meza respondió que la Cámara actuó “a nuestro tiempo, a nuestro pedido” y defendió que Diputados no será “un pasa papel de ningún otro poder del Estado”. Alejandro Aguilera también recordó que el proyecto fue postergado para pedir explicaciones técnicas al MOPC, pero subrayó algo central: la Cámara nunca bloqueó las obras y finalmente acompañó el crédito.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó previamente el alcance de un paquete mayor de financiamiento. Edgar Olmedo señaló que estos fondos forman parte de tres préstamos por USD 250 millones y reclamó, con razón, que se publiquen criterios de selección, montos, cronogramas y avances físicos y financieros. Esa es la discusión que el país necesita: aprobar lo urgente y controlar cada guaraní. No una falsa elección entre desarrollo y transparencia.
Los cuestionamientos más duros vinieron de Adrián “Billy” Vaesken, quien anunció su abstención por desconfianza en la ejecución de las obras, y de Antonio Buzarquis, que insistió en que el crédito “no es un regalo” sino una deuda que pagará la ciudadanía. Lady Galeano también reclamó garantías de que los recursos se conviertan en obras terminadas y útiles.
Nadie discute que la deuda exige responsabilidad. Pero convertir esa advertencia en una razón para frenar caminos rurales es desconocer el costo de no hacer nada. El pueblo paga una deuda cuando se toma un crédito, sí; pero también paga cuando un productor no puede sacar su cosecha, cuando una ambulancia no llega a tiempo o cuando un estudiante queda aislado por un camino intransitable.
La postura responsable no es oponerse desde la comodidad del micrófono. Es aprobar, fiscalizar y exigir que cada puente y cada kilómetro prometido se ejecute con calidad. Diputados tenía ante sí una decisión entre la espera eterna y una oportunidad concreta. La prioridad debe ser clara: que el crédito llegue al barro, al puente pendiente y a la comunidad olvidada.