Basilio Núñez prepara un proyecto para endurecer el control del gasto público

El presidente del Senado anunció que en unos 15 días presentará el anteproyecto de la denominada Ley Antidespilfarro, que prevé sanciones automáticas cuando se sobrepase el límite del déficit fiscal. La iniciativa apunta a restringir gastos no esenciales y plantea que la clase política asuma las primeras consecuencias.

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El proyecto será presentado en 15 días ante el pleno de la Cámara Alta.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, anunció que en aproximadamente 15 días presentará el anteproyecto de la denominada Ley Antidespilfarro, una iniciativa que busca establecer una regla fiscal permanente para impedir que el Estado sostenga déficits por encima del límite permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El eje central de la propuesta consiste en que, cuando el desequilibrio de las cuentas públicas supere el tope establecido y no sea corregido en un plazo determinado, entren en vigencia medidas automáticas que afecten primero a la dirigencia política y al gasto considerado no esencial.

Según explicó, el objetivo es “blindar” el equilibrio de las finanzas públicas para evitar que las decisiones políticas generen mayores compromisos presupuestarios sin respaldo financiero. Afirmó que el mecanismo pretende que quienes aprueban leyes con impacto económico también asuman las consecuencias cuando esas decisiones incrementen el déficit fiscal.

Un mecanismo inspirado en el “shutdown”

Núñez señaló que el proyecto toma como referencia el mecanismo de shutdown utilizado en Estados Unidos, aunque aclaró que será adaptado a la realidad paraguaya.

La propuesta establece que, si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal supera el límite fijado por la ley y el Congreso no adopta medidas para volver al equilibrio, se activará automáticamente un régimen excepcional.

Durante ese período quedarían suspendidas las actividades no esenciales del Estado, se impediría la creación de nuevos gastos, no podrían adjudicarse nuevos contratos ni incorporarse funcionarios y también se frenarían determinadas transferencias discrecionales.

Al mismo tiempo, continuarían funcionando normalmente los servicios considerados esenciales, entre ellos salud, seguridad, defensa nacional, sistema penitenciario, jubilaciones, pensiones, programas sociales y demás prestaciones dirigidas a sectores vulnerables.

Núñez explicó que la intención es que legisladores, integrantes del Poder Ejecutivo e incluso otros altos funcionarios sufran reducciones salariales o, eventualmente, dejen de percibir sus remuneraciones mientras permanezca vigente el mecanismo correctivo. “Si nosotros aprobamos leyes que rompen el equilibrio fiscal, tenemos que sentirlo en nuestro bolsillo”, sostuvo.

El senador justificó la iniciativa señalando que en los últimos años el Congreso aprobó leyes que incrementaron obligaciones para el Estado sin contar previamente con estudios actuariales o evaluaciones completas sobre su impacto financiero.

Núñez indicó que la Ley Antidespilfarro estará estrechamente vinculada con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Explicó que actualmente el déficit permitido se encuentra limitado por la legislación vigente, aunque el Poder Ejecutivo analiza junto con el equipo económico la posibilidad de revisar ese margen.

El presidente del Senado afirmó que todavía no conversó formalmente con sus colegas sobre el contenido del anteproyecto porque se encuentra en etapa de elaboración. Sin embargo, confirmó que remitió el documento base al presidente Santiago Peña y adelantó que abrirá una ronda de consultas con legisladores y técnicos antes de presentar la iniciativa.

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