El Gobierno trazó como meta alcanzar la “deuda cero” con los proveedores del Estado para el próximo año, priorizando la regularización de los atrasos acumulados en la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios.
Santiago Peña defendió las recientes medidas de racionalización administrativa para recortar gastos superfluos sin afectar áreas sensibles como la salud y la alimentación escolar.
Durante un diálogo con medios de prensa, el jefe de Estado explicó que el plan de convergencia fiscal busca transparentar el pasivo estatal histórico e instrumentar mecanismos financieros que eviten la acumulación de atrasos sin comprometer la estabilidad económica.
“Estamos abocados y decididos a que para el próximo año vamos a tener deuda cero con los proveedores. Esto no es algo nuevo, es una realidad de décadas en el Paraguay: las necesidades son ilimitadas y los recursos siempre limitados. Hoy entendemos que hay una necesidad imperiosa de disminuir, sino eliminar, los atrasos con las empresas proveedoras”, anunció Peña.
El titular del Ejecutivo rechazó que los ajustes presupuestarios vayan a impactar en la atención médica o en los insumos esenciales. En esa línea, resaltó que la gestión actual ejecuta un plan de infraestructura sanitaria sin precedentes en la historia reciente del país, que incluye la edificación simultánea de nueve grandes centros hospitalarios.
Antecedentes del pasivo con proveedores y cifras oficiales
La acumulación de deudas con los contratistas del Estado representa un problema estructural que se profundizó en los últimos años. Datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de las carteras ejecutoras estiman que los pasivos atrasados del Gobierno superan los USD 1.270 millones en global. El sector más afectado por esta mora es el de la salud pública, donde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) registra una deuda que alcanza los USD 1.000 millones con empresas farmacéuticas, laboratorios e importadores de insumos médicos, a los que se suman compromisos por servicios tercerizados y amparos judiciales.
Las autoridades sanitarias explicaron que el presupuesto anual del MSPBS —de aproximadamente USD 1.300 millones— resulta insuficiente para cubrir una demanda real que supera los USD 2.000 millones, brecha acentuada por compras mensuales que promedian los USD 50 millones frente a desembolsos de solo USD 20 a 25 millones. A este panorama se le suman los atrasos acumulados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras, que ascienden a unos USD 220 millones, así como compromisos pendientes en programas sociales como Hambre Cero.
Para cancelar estos atrasos sin paralizar los servicios públicos, el Plan de Convergencia Fiscal del Poder Ejecutivo prevé la emisión de bonos del Tesoro, esquemas de factoring (cesión de deudas con entidades bancarias) y una flexibilización temporal del límite del déficit fiscal para los próximos ejercicios.