Peña exige apoyo al campo y condiciona permanencia de ministros en su Gabinete

El presidente Santiago Peña condicionó la permanencia de los miembros de su Gabinete al apoyo efectivo a los pequeños productores. Asimismo, anunció el fin de las políticas asistencialistas del pasado, denunciando que en los últimos 20 años se malgastaron fortunas en “negociados” en nombre de la agricultura familiar.

| Por La Tribuna
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El mandatario Santiago Peña junto a representantes de organizaciones campesinas y pequeños productores.

En el marco de una jornada de trabajo con cerca de 100 representantes de organizaciones campesinas y pequeños productores de todo el país, el presidente de la República, Santiago Peña, lanzó una tajante advertencia a las autoridades del Poder Ejecutivo. El mandatario condicionó la permanencia de sus ministros y titulares de entes al cumplimiento estricto del apoyo al campo y a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Durante el encuentro, desarrollado ayer martes en Mburuvicha Róga y acompañado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, así como por altas autoridades civiles y militares, el jefe de Estado remarcó que su administración no tolerará irregularidades ni falta de resultados.

“El campo y el trabajador del campo es una prioridad para mí y para mi gobierno. El ministro o presidente de ente que no entienda esto, lo voy a cambiar. El que tenga funcionarios deshonestos, le voy a echar al funcionario y le voy a echar al ministro”, sentenció de forma contundente el titular del Ejecutivo.

Críticas al pasado y fin del “asistencialismo”

Peña contrapuso la estrategia de su gobierno a la de administraciones anteriores, señalando que durante las últimas dos décadas se malgastaron cientos de millones de dólares bajo el manto de la agricultura familiar campesina mediante la simple distribución de víveres o subsidios sin control.

Según el mandatario, dicho esquema respondía a una política asistencialista atravesada por “negociados” en la compra de insumos, como la entrega de semillas de mala calidad o la retención sistemática de títulos de propiedad a través del Indert.

“Nuestra filosofía no es repartir dinero, es saber quién realmente produce. En el nombre de los campesinos más humildes, se destinaron fortunas en políticas asistencialistas donde ni siquiera sabían diferenciar al verdadero productor. Eso se acabó. Acá nadie tiene permiso de ser un ‘llanero solitario’, todas las instituciones van a trabajar de forma coordinada”, aseveró.

Garantías para el sector y reducción de la pobreza

Como parte del compromiso integral con el campesinado, el jefe de Estado prometió blindar el mercado local frente al contrabando, garantizar el acceso a títulos de propiedad, destacando que el 60% de los otorgados en su gestión beneficiaron a mujeres, facilitar créditos y transferir tecnología para evitar el éxodo rural de los jóvenes.

Por otro lado, Peña defendió los indicadores socioeconómicos de su gestión, afirmando que bajo su mandato la pobreza se redujo del 24% al 16%. Asimismo, aseguró que la meta de su administración es sentar las bases para una transformación histórica que posicione a Paraguay como un referente global en la producción sustentable de alimentos.

Cifras y resultados en el sector agrario

Según datos oficiales, el modelo impulsado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), depuró sus registros para priorizar la asistencia a más de 7.000 productores reales.

Esta estrategia permitió que actualmente el 92% de las fincas de la agricultura familiar comercialicen su producción de forma directa, generando en sus propios predios el 85% de sus ingresos.

El plan oficial abarca la planificación trimestral de la siembra, alertas tempranas contra el clima y la expansión de cultivos clave, como tomate, papa y cebolla para estabilizar los precios del mercado.

Asimismo, en los últimos tres años se entregaron más títulos de propiedad rural que en toda la década anterior, beneficiando en un 60% a mujeres campesinas.

Las medidas acompañaron una reducción de la pobreza del 24% al 16%, consolidando la meta de proyectar la capacidad alimentaria paraguaya hacia el mercado regional.

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