Por un lado, aconsejó ratificar las modificaciones de la Cámara de Diputados al proyecto que reglamenta la devolución de pagarés cancelados; por el otro, recomendó rechazar la creación de nuevos órganos judiciales en el distrito de Yhú, departamento de Caaguazú, citando severas restricciones presupuestarias.
En cuanto al primer punto, el proyecto impulsado originalmente por el senador Derlis Osorio busca garantizar los derechos de los deudores al momento de saldar sus compromisos financieros.
“La propuesta establece la obligación del acreedor de entregar al deudor el pagaré cancelado una vez extinguida totalmente la deuda. En caso de pérdida o extravío del documento, se exige un recibo de pago junto con una declaración jurada ante escribano público que acredite la extinción de la obligación”, señala el dictamen técnico.
La comisión decidió aconsejar la aprobación de la versión modificada por la Cámara Baja al considerar que añade herramientas de seguridad jurídica que facilitarán su correcta aplicación en el mercado.
Respecto a la propuesta proveniente de Diputados para crear juzgados de primera instancia, una unidad fiscal, defensoría pública y sindicatura de quiebras en la ciudad de Yhú, la mesa asesora resolvió aconsejar su rechazo categórico.
Durante el debate, el presidente de la comisión, Derlis Maidana, reveló que tanto la Fiscalía General como la Defensoría Pública expresaron su oposición formal a la iniciativa por la imposibilidad de cubrir los costos operativos de la nueva estructura.
En el mismo sentido, el senador Eduardo Nakayama sostuvo que este tipo de descentralizaciones judiciales deben impulsarse únicamente cuando existan las condiciones económicas y operativas reales, para evitar crear instituciones “fantasma” sin capacidad de respuesta ciudadana.
Maidana adelantó que el requerimiento del departamento de Caaguazú será abordado de forma integral junto con el Poder Judicial durante el estudio del próximo Presupuesto General de la Nación (PGN).