La exsenadora liberal Blanca Lila Mignarro propuso recuperar y actualizar la Ley de Capitalidad, una herramienta que, según recordó, permitió a la Municipalidad de Asunción cobrar deudas de instituciones estatales y destinar esos recursos exclusivamente a obras de infraestructura. La normativa fue posteriormente derogada y el mecanismo alternativo anunciado entonces nunca llegó a concretarse.
Mignarro relató que la iniciativa nació antes de su ingreso al Congreso, cuando conoció en Europa que Madrid contaba con una legislación especial por ser capital. Incorporó la propuesta a su campaña y la presentó durante el periodo legislativo 2003-2008, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
El fundamento era que Asunción no pertenece únicamente a quienes viven dentro de sus límites. Como sede de los poderes públicos, recibe diariamente a personas de todo el país, concentra dependencias estatales y cumple funciones que superan las obligaciones de una municipalidad ordinaria. Por esa razón, sostuvo, necesita un trato especial del Estado.
La exlegisladora recordó que conseguir la aprobación fue difícil por el regionalismo existente en la Cámara de Diputados. Cada representante buscaba priorizar las necesidades de su departamento y una disposición particular para la capital generaba resistencia. En ese proceso mencionó el acompañamiento de Sebastián Acha y de otros legisladores, además de las gestiones realizadas ante el Senado.
El proyecto, explicó, no buscaba crear un privilegio ni obtener una transferencia sin fundamento. Su objetivo era que los organismos públicos pagaran las obligaciones acumuladas con la Municipalidad. Cuando el entonces ministro de Hacienda Dionisio Borda le preguntó de dónde saldrían los recursos, Mignarro respondió que no solicitaba dinero extraordinario, sino el cumplimiento de deudas existentes.
Tras la promulgación, Asunción recibió un primer desembolso. De acuerdo con su relato, esos fondos permitieron intervenir la avenida Santa Teresa, reparar la avenida España y realizar mejoras en el barrio Republicano y en la calle Pozo Favorito, detrás del Mercado 4. Esta última, recordó, era prácticamente una zanja antes de su recuperación.
Para Mignarro, aquellas obras demostraron que la ley podía convertir obligaciones financieras estatales en mejoras visibles. La normativa establecía que el dinero cobrado debía utilizarse en inversiones e infraestructura, con lo cual se impedía que fuera absorbido por gastos corrientes sin efectos permanentes para la ciudad.
Sin embargo, la Ley de Capitalidad fue derogada. La exsenadora dijo desconocer las razones y recordó que consultó al entonces intendente Arnaldo Samaniego, quien le manifestó que sería presentada una propuesta mejor. Según lamentó, esa alternativa nunca se materializó. Tiempo después volvió a promover la iniciativa con ayuda de Fernando Silva, pero no llegó a ser tratada.
El deterioro actual de Asunción, afirmó, vuelve urgente la discusión. Mencionó el estado de las calles, la limpieza, los paseos centrales y la infraestructura urbana. A su criterio, no bastan las reparaciones aisladas: se necesita una fuente estable y jurídicamente definida para financiar transformaciones de fondo.
Sobre la posibilidad de cobrar peaje a quienes ingresan desde otros municipios, pidió analizar la idea con cautela. Advirtió que Ciudad del Este, Encarnación o localidades de Central podrían reclamar medidas similares, porque los problemas urbanos también generan responsabilidades compartidas.
Mignarro instó a los candidatos a la Intendencia y a los comunicadores a estudiar el texto original, mejorarlo y adaptarlo a las necesidades actuales. Su conclusión fue categórica: Asunción debe recuperar un régimen especial, no solo por albergar los poderes del Estado, sino porque es la capital de todos los paraguayos.