La iniciativa apunta a favorecer a unas 70.000 familias campesinas en todo el país.
La propuesta plantea modificar el mecanismo de pago del 3% del valor del inmueble, exigido por la normativa vigente antes de la expedición del título de propiedad. Con el cambio, ese monto podrá abonarse hasta 12 meses después de la entrega del documento, con el objetivo de eliminar una de las principales barreras para la regularización de tierras.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, presentó la iniciativa durante una audiencia pública realizada en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
Explicó que la reforma también contempla ampliar los plazos de financiamiento para facilitar el acceso a la titulación, especialmente para pequeños productores y mujeres rurales.
Según datos expuestos por la institución, la medida beneficiaría principalmente a familias asentadas en colonias como Genaro Romero y Blas Garay, donde existen casos de ocupantes que aguardan la regularización de sus propiedades desde hace varias décadas.
Ruiz Díaz señaló además que el nuevo esquema permitiría fortalecer la capacidad financiera del Indert para continuar con el proceso de titulación. Indicó que durante los últimos tres años la institución entregó alrededor de 12.000 títulos de propiedad, cifra que, según afirmó, supera ampliamente el promedio histórico registrado en administraciones anteriores.