La parlamentaria explicó que, si bien el Código de la Niñez y la Adolescencia ya prohíbe el trabajo infantil, carece de sanciones punitivas concretas para los responsables, vacío legal que esta propuesta busca corregir.
“El proyecto plantea sanciones a los responsables. Lastimosamente, el Estado tiene que recordarle a los padres que deben asumir su responsabilidad. Hemos normalizado ver niños en la calle y un montón de situaciones que se consideran culturales, y tenemos que erradicar eso”, aseveró la legisladora.
Valiente enfatizó que Paraguay enfrenta cuestionamientos e incluso sanciones a nivel internacional por no contar con un marco legal que penalice de forma explícita las 26 formas de trabajo infantil catalogadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, la senadora expresó su indignación por hechos recientes donde se expone la vida de menores al ser utilizados como “guainos” o jinetes en carreras clandestinas de caballos y jineteadas debido a su bajo peso, en beneficio de apuestas de adultos.
“Me saca que adultos ludópatas utilicen a los niños para apostar en carreras sobre caballos. Es una cuestión lamentable que se normalizó bastante en nuestra sociedad. También hay que hablar del criadazgo; creo que tenemos que evolucionar”, reprochó.
La legisladora confirmó que el texto final se encuentra en su fase de ajuste técnico y estimó que en un plazo aproximado de 15 días la iniciativa será formalmente presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores para su debate.
Históricamente, Paraguay ha mantenido una deuda pendiente respecto a la efectividad de sus marcos de protección de los derechos de la infancia. A pesar de contar con el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 1680/01) y haber ratificado los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la brecha entre la norma teórica y su aplicación práctica ha perpetuado la vulneración de los derechos de miles de niños y adolescentes en el país.
La problemática se ve agravada por la falta de tipificación explícita de sanciones penales y administrativas directas hacia los adultos o tutores que explotan a los menores. Prácticas arraigadas culturalmente —como el trabajo informal urbano, las labores agrícolas de alta exigencia, la explotación en eventos de entretenimiento y el criadazgo— han operado bajo un manto de normalización social e impunidad legal, lo que ha generado advertencias sistemáticas de organismos internacionales de derechos humanos hacia el Estado paraguayo.