El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, señaló que el expresidente de la República y titular de la ANR no buscará ningún tipo de resarcimiento económico en los Estados Unidos. Sin embargo, enfatizó que en el ámbito local la exigencia de justicia sigue firme contra quienes promovieron y articularon las denuncias infundadas desde el propio aparato estatal paraguayo con fines electorales.
Ovelar ratificó que el origen de la persecución política se gestó en Paraguay bajo el mandato del expresidente Mario Abdo Benítez, con la participación activa de ministros, secretarios y colaboradores externos.
Asimismo, denunció que desde las más altas esferas del gobierno anterior se maniobró con las instituciones públicas para fabricar informes falsos, los cuales posteriormente eran amplificados a través de medios de comunicación aliados.
“Todas aquellas personas que estuvieron directamente involucradas desde el Paraguay con fines políticos, maniobrando desde instituciones, estaban lideradas por el expresidente Mario Abdo Benítez, sus ministros y secretarios. Incluso operaban personas extrañas como una ciudadana venezolana que actuaba de pivote para la masificación de información basada en mentiras”, afirmó Ovelar ayer lunes en declaraciones a La Tribu 650 AM.
El profesional recordó además que el punto de quiebre fue la acusación que vinculó a Cartes con el terrorismo internacional, surgida a partir de una denuncia presentada por un ministro del gabinete anterior en el marco del recordado caso del “avión iraní”, acusación que, según remarcó, cayó por su propio peso.
<b>Freno a las “chicanas”</b>
Respecto a la causa penal abierta en Paraguay contra los exintegrantes de la administración de Abdo Benítez, la defensa de Cartes instó a la justicia y a la opinión pública a actuar con el mismo rigor que se exige en otros casos de trascendencia nacional.
Ovelar cuestionó la sobrecarga de recursos, incidentes y recusaciones planteados por la defensa de los imputados, lo que ha impedido hasta la fecha debatir el fondo de la cuestión.
El abogado hizo un llamado a los medios de comunicación para que visibilicen las trabas procesales instaladas en esta causa, al igual que se cuestionan las dilaciones en otros procesos judiciales.
“Ahí está el origen del problema. Sobre eso sí se debe continuar, porque la justicia paraguaya debe encargarse de sancionar la manipulación de las instituciones para la persecución política”, concluyó.