La Comisión Especial del Senado que investiga presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos amplió el alcance de sus trabajos y mantiene bajo la lupa a cerca de 20 universidades privadas que fueron priorizadas a partir de denuncias recibidas por distintos canales.
Así lo informó el presidente de la comisión, el senador Patrick Kemper, tras reunirse con el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez. La próxima convocatoria incluirá a representantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General del Estado para conocer el estado de las causas relacionadas con las denuncias.
Más pedidos de informes
Kemper informó que la comisión remitió pedidos de informes al MEC, al Cones y a la Aneaes, además de siete universidades y seis institutos superiores. Indicó que cinco universidades y un instituto acusaron recibo de las solicitudes, mientras que los plazos constitucionales para responder están próximos a vencer, por lo que iniciarán las reiteraciones correspondientes.
Añadió que esta semana se presentarán cerca de 20 nuevos pedidos de informes, dirigidos a diez universidades y diez institutos superiores. La documentación requerida abarca información desde el año 2013 y comprende instituciones de distintos puntos del país.
El senador señaló que la selección de las universidades responde a denuncias recibidas a través de medios de comunicación, correos electrónicos, redes sociales y otros canales habilitados por la comisión.
Mesa técnica y apoyo de la Contraloría
Como parte del fortalecimiento de la investigación, la comisión solicitará representantes del MEC, el Cones, la Aneaes y de los institutos de educación superior para integrar una mesa técnica que acompañe el análisis de la información fuera de las sesiones ordinarias.
Además, Kemper anunció una alianza con la Contraloría General de la República para contar con apoyo especializado en el procesamiento de los documentos. Explicó que el volumen de información es considerable y mencionó que una sola universidad remitió unas 800 páginas de antecedentes, mientras la comisión prevé solicitar datos a alrededor de 60 instituciones.