Mientras el bloque oficialista argumentó que la racionalización ya está regulada por decreto y que la ley afectaría a la educación, legisladores de la oposición defendieron la propuesta como una señal necesaria de austeridad y control de gastos superfluos. El documento vuelve al Senado.
La iniciativa, que contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, pretendía alcanzar a legisladores, ministros, gobernadores, intendentes y directivos de entidades descentralizadas.
Al no contar con dictámenes previos, el pleno se constituyó en comisión para analizar la propuesta. Tras un amplio debate, la mayoría resolvió votar por el rechazo de la iniciativa, por lo que el expediente retorna al Senado para su correspondiente trámite constitucional.
Desde la bancada colorada, los diputados Miguel Ángel del Puerto y Rocío Abed fundamentaron su rechazo señalando que el Poder Ejecutivo ya implementó medidas de racionalización del gasto mediante un decreto vigente.
Por el contrario, diputados de la oposición como Miguel Martínez y Pedro Gómez defendieron la aprobación como una señal de austeridad y un compromiso con la ciudadanía para eliminar gastos superfluos.