El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó una declaración estratégica impulsada por el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas, presidente alterno del organismo, que establece una ofensiva regional para enfrentar el crimen organizado y frenar el avance de las economías ilícitas en América Latina y el Caribe.
La iniciativa surge en un contexto en el que estas actividades ilegales mueven alrededor de USD 300.000 millones anuales, con impacto directo en la seguridad, la gobernanza y la estabilidad de los países de la región.
El documento aprobado plantea la necesidad de avanzar hacia una estrategia continental basada en la cooperación tecnológica, la coordinación legislativa y el control efectivo de las fronteras.
Uno de los ejes centrales es el combate a las redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando y otras economías ilícitas que operan en zonas de alta vulnerabilidad.
En ese punto, se destaca el rol de la Triple Frontera, compartida por Paraguay, Argentina y Brasil, identificada como un espacio crítico donde estas estructuras concentran operaciones de gran escala.
La Declaración propone fortalecer los marcos legales de los países miembros, mejorar el intercambio de inteligencia y promover acciones coordinadas entre los Estados, con el objetivo de desarticular estas redes y reforzar la presencia institucional en áreas estratégicas.
Asimismo, incorpora mecanismos de control y seguimiento a nivel regional. Entre ellos, la creación de una agenda de trabajo para las distintas comisiones del Parlatino, encargadas de evaluar avances legislativos y la implementación de políticas públicas, además de la presentación de un informe anual sobre la situación de las fronteras y las acciones adoptadas por los países.
El documento también plantea la incorporación de herramientas tecnológicas para el control territorial, incluyendo sistemas de vigilancia satelital, radares, drones de reconocimiento y mecanismos biométricos en puntos de tránsito legal, como parte de una estrategia integral de seguridad.
Con esta aprobación, el organismo regional establece una hoja de ruta orientada a fortalecer la cooperación entre Estados y mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales que operan sin límites territoriales.