Gremios empresariales habían cuestionado el incremento, advirtiendo que podría presionar la inflación y fomentar la informalidad laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde Diputados respondieron a esas críticas y defendieron la medida adoptada por el Ejecutivo.
El vicepresidente primero de la Cámara, Hugo Meza, sostuvo que existe una diferencia entre el crecimiento económico acumulado del país y la evolución del salario de los trabajadores. También indicó que el reajuste de casi G. 150.000 beneficiará a trabajadores y tendrá un efecto sobre los programas sociales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, instó al sector empresarial a acompañar el proceso y afirmó que el crecimiento macroeconómico debe reflejarse en el bolsillo y en la calidad de vida de la población.
Tanto Meza como Latorre coincidieron en impulsar una discusión entre trabajadores, empresarios y representantes políticos para modificar el mecanismo vigente de reajuste salarial. La propuesta apunta a eliminar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como único parámetro para definir los aumentos del salario mínimo y sustituirlo por un sistema que mida el impacto de los precios en la canasta familiar.