Legisladores de la Cámara de Diputados se pronunciaron sobre la decisión del presidente de la República, Santiago Peña, de decretar un incremento del 5% en el salario mínimo, saliendo al paso de los cuestionamientos del sector privado.
Los gremios empresariales habían advertido que un incremento del 5% en este contexto podría presionar la inflación y fomentar la informalidad laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Meza, señaló que existe una brecha entre el crecimiento económico acumulado del país y la pérdida del poder adquisitivo real, argumentando que los gremios empresariales que se oponen al reajuste, han sido el favorecido por los auspiciosos números macroeconómicos de la última década.
“Hay que entender que el Paraguay hace 10 años viene creciendo casi el 25%. Sin embargo, el salario de la gente creció 1.5%; entonces, lo que el presidente hizo es una justicia social”, aseveró.
Meza minimizó las críticas del sector privado y argumentó que el impacto hubiera sido peor si el Ejecutivo decretaba un aumento de apenas G. 60.000. Detalló que el incremento final, fijado en casi G. 150.000, si bien sigue siendo insuficiente, generará un “efecto derrame” inmediato tanto en la clase trabajadora como en los beneficiarios de los diferentes programas sociales del Estado.
A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se sumó al debate y apeló de forma directa a la solidaridad del empresariado nacional. Además, instó a realizar los esfuerzos necesarios para que el éxito macroeconómico del país se traduzca de forma efectiva en el bolsillo y en la calidad de vida de cada uno de los paraguayos.
Tanto Meza como Latorre coincidieron en la urgencia de impulsar un debate amplio que involucre a los sectores trabajador, empresarial y político para construir una nueva herramienta jurídica de certidumbre.
El objetivo principal es suprimir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como único parámetro de reajuste y reemplazarlo por un mecanismo que mida el impacto de los precios en la canasta familiar.
En ese sentido, el diputado Meza anticipó que la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, convocará de manera inmediata al Consejo de Salarios Mínimos. Aclaró que este llamado ya no tendrá como fin instalar una mesa de diálogo preliminar, sino enfocarse directamente en la redacción de un proyecto de ley que será remitido al Congreso para modificar estructuralmente el sistema de medición salarial.