El presidente de la República, Santiago Peña, informó este miércoles que recibió oficialmente el informe técnico y las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), documento que servirá de base para determinar el próximo ajuste del salario mínimo vigente en el sector privado.
La definición del nuevo monto salarial constituye uno de los temas económicos y laborales más relevantes del momento, debido a su impacto directo en miles de trabajadores y en la estructura de costos de las empresas.
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario señaló que el Poder Ejecutivo ya inició el proceso de análisis de la documentación remitida por la Conasam, instancia integrada por representantes de trabajadores, empleadores y el Gobierno.
Peña destacó que la decisión requiere una evaluación cuidadosa de todos los factores involucrados, considerando tanto las necesidades de los trabajadores como la situación económica general del país.
Tras una reunión mantenida con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, el jefe de Estado sostuvo que el Gobierno busca adoptar una medida que permita mantener un equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo y la estabilidad macroeconómica.
“Estamos evaluando detalladamente las posturas de todos los sectores para tomar una decisión responsable y equilibrada sobre el salario mínimo, priorizando el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de nuestra economía”, expresó el mandatario.
La discusión sobre el reajuste salarial se desarrolla en un escenario donde no existe consenso pleno dentro de la propia Conasam. Las distintas representaciones mantienen posiciones divergentes respecto al porcentaje de aumento que debería aplicarse.
Por un lado, los representantes de los trabajadores sostienen que el incremento del costo de vida registrado en los últimos años ha reducido la capacidad adquisitiva de los salarios, por lo que consideran necesario un ajuste superior al cálculo tradicional basado únicamente en la inflación.
Desde este sector argumentan que varios bienes y servicios esenciales experimentaron aumentos significativos, afectando especialmente a las familias con menores ingresos y reduciendo el alcance real de los reajustes anteriores.
Por otro lado, los representantes empresariales defienden la aplicación estricta de los mecanismos previstos en la legislación vigente. Según esta postura, el aumento debe corresponder exclusivamente a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).