Este fue precisamente uno de los puntos abordados durante la reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del MEC, Luis Ramírez, ayer martes en Mburuvicha Róga.
En conferencia de prensa, Ramírez confirmó el inicio de una auditoría en el Viceministerio de Educación Superior para detectar redes de complicidad interna que permitieron la validación de acreditaciones académicas fraudulentas.
Al respecto, reconoció abiertamente que las documentaciones apócrifas debieron pasar de forma obligatoria por los registros de la institución del Estado para cobrar validez legal.
“Estamos buscando descubrir si hay personas que están implicadas en la inscripción de títulos que no corresponden, y que esas personas tengan una consecuencia en relación al acto que hicieron”, explicó Ramírez.
Además, precisó que las tareas de control arrancaron hace una semana y que los primeros informes estarán listos en los próximos ocho días.
La auditoría, encabezada junto al viceministro Hermenegildo Coene, no solo abarca las oficinas del Viceministerio, sino que se extiende a los institutos técnicos superiores donde el MEC posee la potestad legal de fiscalizar.
Así también, garantizó que, de hallarse funcionarios estatales involucrados en esta estructura de fraude, se tomarán determinaciones contundentes y se dará participación a las instancias correspondientes.
<b>Filtros contra el fraude hacia el pasado y el futuro</b>
Al ser consultado sobre cómo se pudieron inscribir diplomas de origen desconocido en administraciones anteriores, Ramírez aclaró que el MEC no cuenta con los materiales físicos históricos para verificar los legajos, ya que el sistema antiguo permitía que las universidades retiraran toda la documentación (títulos, certificados de estudio y cédulas) una vez completado el trámite de inscripción.
Por esta razón, el Ministerio depende hoy del Ministerio Público para ingresar a las universidades bajo sospecha y exigir los archivos respaldatorios. No obstante, el ministro remarcó ante el mandatario que el escenario cambió drásticamente a partir del ciclo actual.
“A partir del 2024, con nuestra llegada, nosotros sí establecimos el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE). Es importante porque ahí cada universidad registra a todos los alumnos. Vamos a tener una radiografía de todas las carreras, sabiendo quiénes fueron sus compañeros, sus profesores y sus calificaciones”, contrastó.
Cierre de cargos y proceso penal
Los primeros reportes de la Fiscalía ya confirmaron que, de un lote de 500 títulos bajo sospecha remitidos por el MEC, aproximadamente unos 250 son de procedencia desconocida o falsos, afectando principalmente al área de Ciencias de la Educación (maestros) y algunos casos de Ingeniería.
El ministro Ramírez advirtió que las consecuencias para el personal del propio MEC, supervisiones o escuelas públicas y privadas que hayan accedido a sus puestos mediante estos documentos apócrifos serán drásticas.
“Son personas que acceden al cargo gracias al título. Si ahora la justicia dice que el título no vale, entonces pierden su cargo y su trabajo, pero no solo eso, sino que es una causa penal y pueden pagar con la privación de libertad este acto de adulteración de instrumento público”, refirió.
Por otro lado, aclaró que existe un grupo de personas que fueron estafadas en su buena fe (cursaron y pagaron, pero la institución les dio un título inválido).
A tal efecto, se reunirá mañana jueves con el Ministerio Público para evaluar estrategias de salida, como cursar un año complementario en una universidad habilitada.