Política

Diputados aumentan a 10 años la pena máxima para adolescentes infractores

Por unanimidad, la Cámara de Diputados se mantuvo en su versión y elevó a 10 años la sanción máxima para menores infractores. El proyecto pasa al Ejecutivo con el argumento de reforzar la reinserción sin abandonar el carácter educativo del sistema.

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Diputados aprobaron por unanimidad el proyecto que aumenta la pena a menores de edad.

La Cámara de Diputados ratificó este martes, por unanimidad y con 42 votos a favor, su versión del proyecto que aumenta de 8 a 10 años la pena máxima para adolescentes que cometan hechos punibles calificados como crímenes.

La votación ratificó la postura asumida previamente por la Cámara Baja en torno a una de las modificaciones más debatidas del régimen penal adolescente. El principal cambio consiste en ampliar el tiempo máximo de sanción aplicable a menores de edad que sean encontrados responsables de hechos de especial gravedad.

Ratificación de la versión de Diputados

Durante el debate, los legisladores defendieron la necesidad de mantener la redacción aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados, argumentando que la propuesta busca responder a casos graves sin alterar la naturaleza especializada de la justicia juvenil.

Según explicaron, quienes reciban las sanciones más altas deberán acceder a programas educativos, evaluaciones periódicas, asistencia profesional y acompañamiento institucional durante el cumplimiento de la medida.

Los legisladores sostuvieron que la ampliación a diez años busca otorgar mayores herramientas al sistema para intervenir en hechos de extrema gravedad, manteniendo al mismo tiempo mecanismos orientados a la rehabilitación.

¿Desde qué edad existe responsabilidad penal?

La legislación paraguaya establece que los menores de 14 años son inimputables y no pueden recibir condenas penales.

Desde los 14 años, los adolescentes pueden ser sometidos al régimen especializado previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Además de la edad, la normativa exige evaluar la madurez psicosocial del joven para determinar si comprende la ilicitud de sus actos.

Hasta ahora, las sanciones podrían alcanzar ocho años cuando se trataba de hechos calificados como crímenes. Con la modificación ratificada por Diputados, ese límite se amplía a diez años, quedando la decisión final en manos del Poder Ejecutivo.

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