El senador Natalicio Chase realizó una reflexión sobre las reacciones políticas ante decisiones judiciales y sostuvo que existe una diferencia en la forma en que se interpretan los procesos según el sector político involucrado.
En ese contexto, cuestionó lo que consideró un criterio desigual al momento de instalar discursos públicos sobre investigaciones y fallos.
Durante su intervención, señaló que cuando se trata de dirigentes oficialistas sometidos a procesos judiciales, no se habla de persecución política y, por el contrario, se los expone como responsables antes de que concluyan las causas.
Sin embargo, indicó que cuando las situaciones involucran a referentes de la oposición, el enfoque cambia y se instala con mayor fuerza la idea de una supuesta persecución, generando, según expresó, un tratamiento diferenciado.
El legislador también hizo referencia a lo que describió como un silencio selectivo en determinados sectores, afirmando que en algunos casos no se cuestionan decisiones judiciales cuando afectan a actores oficialistas, mientras que en otros se reacciona con críticas hacia las instituciones. A su criterio, esto contribuye a una percepción desigual sobre el funcionamiento de la Justicia.
Asimismo, mencionó que este escenario se ve acompañado por la construcción de relatos que inciden en la opinión pública, lo que, según sostuvo, termina generando un debate centrado en posiciones políticas más que en el análisis de los hechos y las resoluciones institucionales.
Chase remarcó que las instituciones deben ser respetadas y que sus decisiones no deberían ser deslegitimadas en función de intereses sectoriales. En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener reglas claras y uniformes para todos los ciudadanos, sin distinción de pertenencia política.
“No existen paraguayos de primera y de segunda. La Constitución debe ser igual para todos”, expresó el senador, al subrayar que el principio de igualdad ante la ley debe prevalecer en todos los casos.
Finalmente, reiteró que el fortalecimiento del sistema democrático depende de la aplicación equitativa de las normas, evitando interpretaciones que puedan derivar en diferencias en el tratamiento judicial según el sector político involucrado.
