Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo busca actualizar el marco legal tras una década y media de vigencia de la normativa anterior (la Ley N.º 4.087/2011), apuntando a dotar de mayor efectividad, transparencia y articulación al gasto social del Estado.
Si bien el documento destaca los impactos históricos favorables del programa Tekoporã, vigente desde 2005 y con cobertura en todos los distritos del país, también advierte que el ritmo de disminución de la pobreza comenzó a desacelerarse significativamente a partir de 2013, lo que obliga a revisar de forma estructural el diseño de las asistencias estatales.
La principal innovación operativa del proyecto radica en la implementación del Registro Social de Hogares (RSH) como el instrumento técnico oficial, obligatorio y vinculante para el Estado paraguayo.
Esta herramienta, que estará bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), centralizará la caracterización sociodemográfica y la clasificación socioeconómica de las familias.
Con ello, el Gobierno planea avanzar hacia una focalización más precisa para la asignación de subsidios, focalizado principalmente en las comunidades indígenas y las personas con discapacidad. Asimismo, la propuesta normativa introduce un estricto ordenamiento financiero.
De aprobarse la normativa, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para auditar y adecuar los programas vigentes a las nuevas reglas de control, corresponsabilidad (salud, nutrición y educación) y estrategias de graduación para los beneficiarios.
