Tatiana Espínola, de 26 años, afirmó que su postulación busca representar tanto a los pueblos originarios como a toda la ciudadanía. Señaló que proviene de una familia indígena, nació y creció en Luque y cuenta con más de siete años de experiencia en el liderazgo comunitario, incluyendo su gestión como presidenta de la Asociación de Parcialidades Indígenas (API).
Explicó que decidió incursionar en la política con el objetivo de gestionar soluciones concretas para las necesidades de la población, destacando que “la necesidad no tiene colores, raza ni religión”. Sostuvo que un verdadero líder debe ayudar, gestionar y ofrecer respuestas a los problemas de la comunidad.
Espínola mencionó que desea impulsar “la regularización documental y la titulación de tierras para las comunidades indígenas, con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad y despojo”. Asimismo, habló de la necesidad de “mejoras en infraestructura, en caminos, iluminación pública y acceso a escuelas dignas para todos los niños y jóvenes”.
La mujer indicó que representa a varias comunidades indígenas asentadas en Luque, entre ellas Tarumandymi, Yvapovondy y La Virginia. Además, expresó que una eventual elección marcaría “un hecho histórico” al convertirse en una de las primeras mujeres con raíces originarias en acceder a una concejalía en el departamento Central.
En otro momento, aseguró que, de resultar electa, trabajará para todos los sectores de la ciudad, con especial atención a las comunidades indígenas, promoviendo una mayor participación de los pueblos originarios en los espacios de decisión política.
Comisión de Pueblos Indígenas
Espínola, es integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado y ya había cobrado notoriedad pública en 2024 tras denunciar presuntos maltratos verbales y amenazas recibidas durante una conversación telefónica con el senador Javier “Chaqueñito” Vera.
En aquella ocasión, la dirigente indígena sostuvo que las expresiones utilizadas en su contra constituían una falta de respeto no solo hacia su persona, sino también hacia los pueblos originarios.
El caso generó repercusión a nivel nacional y reabrió el debate sobre la participación y el trato que reciben las comunidades indígenas dentro de los espacios de representación y decisión política.