Proveniente del sector empresarial, el ministro detalló la ingeniería institucional con la que coordina el Gabinete de Santiago Peña, aplicando un riguroso esquema de control corporativo para auditar el cumplimiento de metas de cada cartera estatal.
Giménez aceptó la analogía de su cargo como el de un “primer ministro” o “gerente general” en una estructura de sociedad anónima, definiendo al presidente como el “director técnico” del equipo.
Explicó que, desde la Unidad de Gestión de la Presidencia, se replica la didáctica de la administración de empresas privadas para asegurar que las directrices del Palacio de López se lleven a la práctica de forma coordinada.
“Mucho de nuestro trabajo es analizar el liderazgo, el funcionamiento de las personas y el desempeño de los ministros. Establecemos los pasos periódicos que se tienen que cumplir y, si hay retrasos, evaluamos si los motivos son válidos o si tiene que haber un cambio en el funcionamiento de las personas”, reveló en declaraciones a La Tribu, 650 AM, de manera directa sobre los mecanismos internos de evaluación del Gobierno.
Además, reconoció que este rol de alta gerencia pública lo obliga a coordinar áreas técnicas complejas que exceden su formación base (como Salud, Defensa o Desarrollo Social). Sin embargo, insistió en que el dominio sobre cómo operan las grandes organizaciones le otorga las herramientas necesarias para detectar los puntos críticos que hacen al funcionamiento del Estado.
Energía e Industria: un hábitat natural
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la defensa del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que contempla el traslado del Viceministerio de Minas y Energía del ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hacia la cartera de Industria y Comercio (MIC).
Para Giménez, la matriz de Obras Públicas históricamente ha tenido en su ADN la construcción de rutas, puentes y grandes obras de infraestructura vial, relegando el plano estratégico del desarrollo energético.
“El Ejecutivo cree fuertemente que Minas y Energía funcionará mucho mejor dentro de Industria y Comercio porque ese es su hábitat natural. No podés tener una industria competitiva si no tenés asegurada la provisión de energía; van de la mano de forma básica”, argumentó.
El ministro admitió que este tipo de reformas genera resistencias debido al “temor al cambio” inherente a las organizaciones complejas. Reveló que durante su anterior paso como titular del MIC tuvo que enfrentar hasta cuatro huelgas sindicales debido a esta propuesta.
“Nos equivocamos en la comunicación o la gente de la Ande leyó el título y no el contenido de la ley”, reflexionó, aclarando que la normativa busca la modernización del sistema y no la pérdida de derechos.
Garantías para la inversión privada
El ministro Giménez conectó esta reforma del organigrama estatal con la reciente promulgación de la Ley de Energías Renovables, calificándola como un hito histórico de previsibilidad jurídica.
Explicó que este marco legal permitirá al sector privado realizar inversiones de gran porte para generar energía alternativa, comercializar libremente sus excedentes y presentarse a las licitaciones públicas de la Ande.
“La Ande no puede hacer todo sola. El plan maestro de inversión en líneas de transmisión y distribución requiere de una fortuna que el Estado no puede costear en solitario, por lo que el capital privado, respaldado por el nuevo Grado de Inversión del país, es el camino estratégico a seguir”, concluyó.