Durante una conversación con diferentes medios de comunicación, el presidente de la República, Santiago Peña, habló del fuerte impacto presupuestario y humano que demandó su plan de contingencia contra la delincuencia desde el inicio de su administración.
Peña recordó que al asumir el mando se vio obligado a tomar “decisiones durísimas” e inmediatas, como el retiro de personal de las comisarías para adiestrarlos de urgencia dentro del Grupo Lince, en paralelo a la ejecución del histórico Operativo Veneratio que desmanteló el centro de operaciones del clan Rotela en el penal de Tacumbú.
El presidente reveló que, gracias a esa agresiva política de captación, bajo su mandato ya se han incorporado 10.000 nuevos policías a una fuerza estatal que históricamente se encontraba limitada a unos 24.000 oficiales.
Asimismo, confirmó que otros 5.000 aspirantes se encuentran actualmente en las academias y egresarán en diciembre de este año 2026. Sin embargo, advirtió que es momento de revisar el proceso.
“Le he dicho al ministro del Interior que capaz este sea el momento de parar la pelota. Nosotros necesitamos evaluar rigurosamente cómo estamos incorporando a todo este personal humano, medir la calidad y poner las cosas en contexto”, argumentó.
Además, el mandatario aclaró que esta pausa regulatoria en el reclutamiento no significa un retroceso en la lucha contra la inseguridad, sino una readecuación de los recursos del Estado.
En ese contexto, enfatizó que la masiva inyección de uniformados, patrulleras y motocicletas debe ser acompañada obligatoriamente por bases operativas dignas y tecnología de vanguardia.
“La inversión en personal y equipamiento ya se hizo con una fuerza y presión tremenda en doble turno. Ahora el gran desafío que tenemos por delante es la infraestructura: tenemos 700 comisarías que se encuentran en mal estado y que tenemos que arreglar a nivel nacional”, precisó el titular del Ejecutivo.
El plan de consolidación para el año en curso apuntará a robustecer el sistema informático y de comunicaciones, optimizar el uso de las tobilleras electrónicas y dotar de herramientas técnicas a los centros de monitoreo para que el despliegue de los 15.000 nuevos agentes integrados sea verdaderamente efectivo en los barrios más críticos del país.