La preservación de la estabilidad institucional y el equilibrio en la aplicación de las garantías procesales por parte de los órganos de la magistratura nacional constituyen condiciones fundamentales para asegurar el normal desarrollo de la competencia democrática entre las fuerzas partidarias.
El jefe de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el doctor Eduardo González, denunció la existencia de una estrategia permanente de desgaste político impulsada por bloques minoritarios de la oposición parlamentaria con el propósito de socavar la gobernabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo.
El apoderado y secretario político de la Junta de Gobierno argumentó que el oficialismo mantiene una postura inflexible que rechaza el blindaje corporativo o la impunidad para los dirigentes que posean cuentas pendientes con la justicia ordinaria, exigiendo que las fiscalías de la nación actúen con idéntico rigor jurídico ante las denuncias presentadas contra parlamentarios disidentes.
La judicialización selectiva de las conductas de los actores partidarios y la disparidad en los plazos de resolución de los tribunales de apelación evidencian la necesidad de despolitizar las estructuras de control del Ministerio Público.
El análisis doctrinario sobre la conformación de las mayorías legislativas y las causas penales congeladas en las oficinas fiscales se desarrolló durante la emisión del espacio periodístico Tribu Diez, transmitido por la señal de La Tribu 650 AM.
El doctor Eduardo González aclaró que el movimiento Honor Colorado ha demostrado una línea de conducta coherente al retirar los fueros a sus propios integrantes para que se sometan a los dictámenes judiciales sin recurrir a dilaciones procesales, un criterio de transparencia institucional que contrasta con las maniobras de protección mediática y corporativa que los sectores de la oposición aplican para resguardar a sus principales referentes sectoriales.
Las resoluciones en los casos de helicópteros y las denuncias de ocupación de tierras binacionales
La anulación de los requerimientos de acusación por supuestos errores de procedimiento administrativo en los juicios por lesión de confianza genera precedentes jurídicos controversiales que lesionan la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia.
Las contradicciones referidas a las causas de sobrefacturación de insumos de seguridad fueron explicadas por el jefe de Gabinete Eduardo González, quien calificó como una aberración el beneficio extensivo otorgado a referentes de la oposición golpista en los expedientes de adquisiciones logísticas aeronáuticas.
El estudioso de la política paraguaya argumentó que la responsabilidad penal es estrictamente personal, cuestionando que las deficiencias en las indagatorias de coimputados extranjeros se utilicen para extinguir las causas de los administradores locales que negociaron acuerdos políticos con ministros de la corte para frenar juicios políticos parlamentarios en el pasado.
La falta de imputaciones formales en los casos de enajenación de derechos posesorios sobre inmuebles de las entidades binacionales expone la complacencia de los agentes fiscales asignados a los distritos fronterizos del país.
El dirigente Colorado, puntualizó que existen evidencias públicas referidas a la comercialización ilegal de propiedades residenciales pertenecientes a las hidroeléctricas por parte de abogados que hoy ocupan bancas en la Cámara de Senadores, conductas que configuran causales claras para iniciar procesos de pérdida de investidura por tráfico de influencias.
Las planificaciones de la asesoría jurídica partidaria contemplan instruir a las direcciones legales del Congreso Nacional para que presenten las denuncias correspondientes ante las fiscalías de la capital, forzando la apertura de carpetas de investigación criminal similares a las que afectan a los dirigentes del oficialismo.
El balance de las candidaturas internas y el examen de correspondencia patrimonial de la disidencia
La inscripción mayoritaria de delegados electorales en las mesas de votación del territorio paraguayo consolida la hegemonía territorial del movimiento oficialista de cara a las próximas elecciones internas de la junta de gobierno.
El doctor González concluyó que la disidencia partidaria concurre a las urnas de forma fraccionada y atomizada, siendo incapaz de estructurar una plataforma de propuestas sólida para captar la confianza del electorado de las cabeceras departamentales del departamento Central.
Las directrices de la Junta de Gobierno de la ANR exigen a la Contraloría General de la República la publicación inmediata de los exámenes de correspondencia sobre los patrimios y las empresas vialeras de las administraciones gubernamentales anteriores, instando a las bases afiliadas a mantener una conducta de legalidad y rectitud para preservar la confianza popular en las urnas el próximo domingo de votaciones.