El debate sobre posibles cambios en la administración del programa Hambre Cero volvió a instalarse en el Senado, pero desde el Poder Ejecutivo marcaron una posición firme contra cualquier modificación en este momento. Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, defendió el actual modelo de gestión y advirtió que alterar la ley implicaría riesgos directos para la continuidad del servicio de alimentación escolar.
El proyecto impulsado por el senador Colym Soroka plantea transferir la administración de recursos a los municipios, desplazando a las gobernaciones en parte de la ejecución. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que una eventual aprobación provocaría la anulación de los contratos vigentes con empresas proveedoras y abriría un nuevo proceso licitatorio que, según afirmó el ministro, afectaría el suministro de alimentos en las escuelas.
“Este no es el momento de hacer ningún cambio”, señaló el titular del MDS al insistir en que el programa todavía se encuentra en etapa de consolidación. Explicó que actualmente existen 263 contratos activos y que volver a administrar procesos separados con municipios y distintas empresas generaría dificultades de control y monitoreo.
Desde el oficialismo, el senador Silvio “Beto” Ovelar consideró que la propuesta de Soroka puede servir para abrir el debate, aunque estimó que el proyecto “no tiene mucho futuro”. Aun así, sostuvo que el Congreso debe analizar el funcionamiento de un programa que moviliza alrededor de USD 370 millones.
Por su parte, el gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, defendió el actual sistema de administración y aseguró que no existen denuncias concretas contra el programa y por ello no existe necesidad de realizar ningún cambio.