Según el legislador, la clave reside en una administración eficiente que ha priorizado los programas de impacto directo, como Hambre Cero y Tekoporã, mediante el recorte de gastos superfluos y el fin de privilegios en sectores estratégicos.
Enfatizó que los recursos destinados a la inversión social, que hoy alcanzan los 800 millones de dólares anuales, provienen de un reordenamiento de las arcas estatales. Criticó que en gobiernos anteriores se utilizara a las binacionales como “vacas lecheras” para pautas publicitarias millonarias y alquileres de vehículos, fondos que hoy son redireccionados.
“Con los mismos impuestos que gobernaron los otros presidentes, este gobierno llevó a 800 millones de dólares la inversión social. Se está invirtiendo en lo que la gente necesita: en seguridad, en pupitres y en la alimentación de más de un millón de niños”, señaló el diputado en declaraciones a “Tribu diez”, programa de la 650 AM.
Así también puso el foco en el ahorro generado dentro de las entidades binacionales. Mencionó que, gracias a una gestión jurídica más rigurosa, se han logrado frenar demandas y juicios que anteriormente representaban “negocios seguros” para ciertos sectores.
Sobre el punto, habló del ahorro de aproximadamente 3.300 millones de guaraníes mensuales en juicios que la previsional y las binacionales daban por perdidos.
Igualmente, sostuvo que, mientras la oposición se enfoca en “ataques triviales”, el Ejecutivo se concentra en recaudar mejor y cobrar impuestos a quienes anteriormente lograban evadir sus responsabilidades.
Crítica a gobiernos anteriores
El legislador recordó que quienes critican los salarios en las binacionales suelen omitir que fueron los gobiernos de Fernando Lugo, Federico Franco y Mario Abdo, los que incrementaron la escala salarial y la masa de contratados.
“Santiago Peña no puso esos salarios; están desde que se crearon las binacionales. Lo que este gobierno hizo fue cortar los derroches para que la plata llegue a los más vulnerables”, agregó.
Acompañamiento al informe de Mitic
En ese contexto, afirmó que el pedido de informe sobre gastos publicitarios al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) es redundante, ya que la institución ya aclaró los datos.
Sostuvo que el Gobierno no persigue a periodistas y acusó a grupos mediáticos de “inventar agendas” basadas en chismes para proteger sus intereses económicos tras el recorte de pautas.
Ante las críticas por la legitimidad de los títulos de grado de algunos legisladores, el diputado Alejandro Aguilera propuso implementar un examen de suficiencia para todos los profesionales del derecho en Paraguay. Sugirió que la evaluación sea automatizada para evitar la manipulación humana y demostrar quiénes poseen realmente la capacidad técnica.