La Cámara de Diputados asumió una postura favorable al fortalecimiento presupuestario del Ministerio Público tras la reunión mantenida entre la Mesa Directiva y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien expuso las principales limitaciones operativas y financieras que enfrenta la institución.
El presidente de Diputados, Raúl Latorre, afirmó que existe preocupación entre los legisladores por las condiciones en las que trabaja la Fiscalía y sostuvo que la generación de seguridad jurídica requiere fortalecer las herramientas de investigación y el funcionamiento del sistema de justicia.
Durante la reunión, la Mesa Directiva abordó especialmente la necesidad de ampliar la capacidad científica y tecnológica del laboratorio forense del Ministerio Público.
Latorre indicó que las pruebas científicas poseen actualmente un peso central en las investigaciones penales y consideró necesario acompañar institucionalmente los requerimientos planteados por la Fiscalía.
El titular de la Cámara Baja también mencionó la situación de los asistentes fiscales, cuyo incremento salarial aprobado anteriormente aún continúa pendiente. Señaló que el tema será conversado con el Ministerio de Economía, aunque reconoció que las restricciones presupuestarias obligan a priorizar necesidades dentro del gasto público.
“Los recursos siempre van a ser escasos y las necesidades ilimitadas”, expresó Latorre, aunque sostuvo que la Justicia constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país y requiere atención estatal.
Por su parte, Rolón expuso que el Ministerio Público opera actualmente con alrededor de 350 fiscales cuando, según explicó, se necesitarían al menos 700 para responder a la demanda nacional. Además, advirtió que el único laboratorio forense de mediano nivel se encuentra en Asunción y debe cubrir requerimientos provenientes de los 17 departamentos.
El fiscal general señaló que la institución enfrenta restricciones tanto presupuestarias como de desembolsos financieros, situación que, según afirmó, compromete la capacidad operativa en momentos de aumento sostenido de denuncias penales. Indicó que el año pasado ingresaron más de 215.000 causas y que en los primeros cuatro meses de este año ya se registraron cerca de 100.000 expedientes.