El Gobierno defendió la estructura actual del programa Hambre Cero y marcó distancia del proyecto legislativo que propone transferir a los municipios parte de la administración de los recursos destinados a la alimentación escolar.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, afirmó que todavía no es momento de modificar la ley porque el plan se encuentra en pleno proceso de consolidación.
El secretario de Estado acudió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado para exponer la postura del Ejecutivo sobre la iniciativa presentada por el senador Colym Soroka, que plantea descentralizar el manejo del programa hacia las municipalidades.
Rojas recordó que Hambre Cero comenzó en 2024 en 90 distritos y que desde este año alcanzó cobertura plena dentro del esquema previsto por el Gobierno. En ese contexto, sostuvo que el 2026 representa recién el segundo año completo de implementación nacional y que todavía existen procesos de ajustes permanentes propios de un programa de gran alcance social.
“El programa está en pleno proceso de consolidación”, expresó el ministro al insistir en que actualmente el sistema funciona en condiciones satisfactorias.
Uno de los cuestionamientos planteados por sectores que impulsan la descentralización apunta a una supuesta exclusión de productores nacionales y agricultores familiares dentro de la provisión de alimentos. Sobre ese punto, Rojas negó incumplimientos y aseguró que existen mecanismos obligatorios de control.
Explicó que un decreto establece porcentajes mínimos de compra a la agricultura familiar y a las mipymes, requisitos que las empresas proveedoras deben cumplir obligatoriamente para avanzar en los procesos administrativos de cobro.
Según detalló, el control se realiza mediante el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), plataforma digital donde las proveedoras cargan facturas y documentaciones que acreditan las adquisiciones realizadas a productores nacionales.
El ministro insistió en que los mecanismos actuales funcionan y advirtió que modificar la ley en esta etapa podría alterar el proceso de consolidación de uno de los programas sociales de mayor impacto impulsados por el Gobierno de Santiago Peña.