La celeridad judicial en el proceso contra el senador Erico Galeano generó suspicacias en la cúpula de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
El Abg. Eduardo González manifestó su asombro ante el hecho de que una sentencia de apelación se dicte en menos de 30 días, alegando que este rigor no se aplica de forma equitativa a referentes de la oposición.
La postura fue defendida por el jefe de gabinete en comunicación con el programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Comparativa con procesos judiciales de la oposición
El secretario general de la Junta de Gobierno utilizó el espacio radial para señalar lo que considera una doble vara en el sistema penal paraguayo. Citó los casos de Rafael Filizola, Efraín Alegre y Miguel Prieto, afirmando que en estos expedientes la justicia actúa de manera desacelerada o permite la prescripción de los hechos. González sostuvo que existe una protección hacia ciertos sectores políticos por parte de ministros de la Corte Suprema de Justicia, contrastando esta situación con la “presión ideológica” que se ejerce sobre los afiliados colorados.
Autonomía del Tribunal de Conducta y procesos internos
Respecto a la situación partidaria de Galeano, el asesor jurídico aclaró que el Tribunal de Conducta es un órgano autónomo que habitualmente no actúa de oficio, sino mediante presentaciones formales. González defendió el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y argumentó que el partido no debe cargar con las responsabilidades individuales de sus 3.300.000 afiliados. “Los actos tienen nombre y apellido”, sentenció, descartando que exista una orden superior para exigir la renuncia inmediata del legislador.
Postura sobre el caso de Hernán Rivas y títulos universitarios
Al ser consultado sobre las dudas en torno al título de abogado de Hernán Rivas, el representante legal de la ANR cuestionó que no existan planteamientos de nulidad en el fuero civil ni declaraciones oficiales de falsedad del documento. González consideró que se está juzgando una “cuestión accesoria” sin que ningún estamento haya dictaminado la adulteración del instrumento público original. No obstante, criticó que se haya forzado la llegada a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) si existían dudas sobre la habilitación profesional.
Gestión municipal y denuncias de la Contraloría
En relación a las denuncias de irregularidades en la gestión del padre de Hernán Rivas en el interior del país, el jefe de gabinete instó a que las instituciones actúen sin caer en “vendettas políticas”. Reiteró su crítica hacia la figura de Miguel Prieto en Ciudad del Este, señalando que posee más de 50 denuncias por corrupción sin avances significativos en la Fiscalía. Para González, la actual administración del Ministerio Público y la composición de la Corte mantienen deudas pendientes en cuanto a la igualdad de celeridad para todos los sectores.