La medida central, confirmada ayer jueves tras el Consejo de Ministros, es un proyecto de ley de desindexación, diseñado para que el aumento del sueldo básico no se traduzca de forma automática en incrementos de tasas, impuestos y servicios.
Al respecto, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, explicó que actualmente gran parte de los servicios y sanciones estatales están “atados” al salario mínimo. Con la nueva ley, que se enviará al Congreso la próxima semana, se creará una unidad de medida independiente.
“El objetivo es que si el salario sube un 5%, los impuestos y multas tengan su propio cálculo y no suban por inercia. Es un reclamo constante de la gente que ahora tendrá una respuesta técnica con voluntad política”, señaló Recalde en conferencia de prensa en Palacio de López.
La ministra fue tajante al calificar el reajuste automático basado estrictamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que hoy arrojaría unos 60.000 guaraníes, como “insuficiente e injusto”.
Por instrucciones del presidente Santiago Peña, el Gobierno actuará como mediador en una mesa tripartita para buscar un incremento que refleje la productividad real y la pérdida del poder adquisitivo de la última década.
“No podemos limitarnos a fórmulas matemáticas frías cuando la gente ha soportado una pérdida de su capacidad de compra por años”, enfatizó la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
¿Qué significa desindexar?
- Antes: si el salario mínimo subía, automáticamente subían las multas de tránsito, las tasas judiciales y ciertos impuestos vinculados al jornal mínimo.
- Ahora: el salario podrá subir para beneficio del trabajador, mientras que los costos estatales se mantendrán estables o se ajustarán bajo criterios diferentes, evitando que el aumento se “evapore” inmediatamente.
Instrucciones presidenciales para el sector laboral
Peña dirigió un mensaje de especial firmeza hacia la gestión de Mónica Recalde, destacando que si bien los indicadores de ocupación son positivos, el progreso aún no alcanza a todos los estratos de la sociedad.
El mandatario subrayó que el Gobierno no puede ser indiferente ante el reclamo genuino de una clase trabajadora que “necesita más”, instando a la ministra a liderar la Comisión Nacional del Salario Mínimo con un enfoque que priorice la calidad de vida sin comprometer la inversión privada ni la generación de nuevos empleos.
Con un tono de mandato directo, Peña exhortó a Recalde a ejercer un rol de árbitro activo que proteja al eslabón más débil de la cadena productiva. “Desearte, pedirte y exigirte, mi querida Mónica, que en esto defendamos realmente a los trabajadores”, sentenció el jefe de Estado, enfatizando que las nuevas leyes y reglamentos de formalización deben ser vehículos de bienestar y no “simples herramientas para precarizar el empleo”.
Para el presidente, el crecimiento económico debe traducirse en un alivio real para el bolsillo del trabajador.
En ese contexto, respaldó plenamente la función fiscalizadora de la cartera estatal, señalando que el control riguroso es una responsabilidad ineludible para garantizar el respeto a los derechos laborales.
Admitió que aunque las intervenciones del Ministerio de Trabajo no suelen ser “simpáticas” para el sector empleador, son fundamentales para evitar abusos. “Tenemos que controlar que se cuide y se respete al trabajador”, expresó Peña, otorgando a la ministra todo el respaldo político para profundizar las inspecciones y asegurar la justicia en el ámbito laboral.