El abogado Hugo Estigarribia sostuvo que cualquier intento de modificar el alcance de la reglamentación a través de una ley representa un problema de constitucionalidad. Según explicó, se trata de un mandato “taxativo” de la Constitución Nacional que no puede ser alterado sin recurrir a los mecanismos formales de reforma o enmienda.
Estigarribia explicó que la senaduría vitalicia constituye un reconocimiento institucional a quienes ejercieron la Presidencia de la República durante un período constitucional completo y bajo elección democrática. Indicó que, desde su concepción, se trata de un honor que no admite renuncia, ya que la propia Constitución establece que el expresidente “será senador vitalicio”.
Asimismo, señaló que, en la práctica, esta figura no ha sido desarrollada plenamente en términos presupuestarios ni operativos. Mencionó la ausencia de recursos asignados, infraestructura y condiciones que permitan el ejercicio efectivo de este rol dentro del sistema político.
El abogado también apuntó a lo que considera una laguna constitucional en relación con los expresidentes destituidos mediante juicio político. Indicó que la falta de una sanción política específica genera interpretaciones dispares, recordando casos en los que figuras removidas del cargo accedieron posteriormente a bancas en el Senado.
En ese contexto, planteó que una eventual regulación podría establecer limitaciones para quienes hayan sido destituidos, aunque remarcó que cualquier cambio de fondo debe realizarse dentro del marco constitucional vigente.
La postura del oficialismo
Desde otra mirada, el senador Derlis Maidana sostuvo que la propuesta legislativa busca ampliar la participación política de los expresidentes que cumplieron sus mandatos sin haber sido sometidos a juicio político. Argumentó que, al tratarse de un cargo honorífico, la senaduría vitalicia podría ser renunciable, habilitando así la posibilidad de competir por cargos electivos.
Maidana señaló que la Constitución no establece una prohibición expresa para que los senadores vitalicios se postulen a otros cargos.
Según su interpretación, si un expresidente renuncia con la anticipación prevista y resulta electo, no existiría impedimento para asumir como senador activo u otro cargo.
El legislador también indicó que la propuesta no modifica la estructura del Senado ni afecta el funcionamiento del Poder Ejecutivo, sino que se enmarca en un proceso de debate legislativo que, a su criterio, requiere análisis y discusión en el ámbito institucional.