El Presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, confirmó que propondrá formalmente la postergación por un plazo de uno a dos meses del estudio del proyecto de ley que busca habilitar a los expresidentes de la República como senadores activos.
Durante una entrevista en el programa Espresso Informativo por La Tribuna 650 AM, el legislador manifestó su apertura a un debate más profundo que involucre a juristas y ministros de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión surge ante la necesidad de disipar dudas sobre la legalidad y el alcance técnico de la propuesta legislativa.
Núñez explicó que la iniciativa busca llenar una laguna legal tras el fallo de la máxima instancia judicial en 2018, el cual habilitó las candidaturas de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. El legislador argumentó que, al ser la Corte la única intérprete de la Constitución Nacional, su dictamen ya otorgó legitimidad a dicha posibilidad funcional. Por esta razón, el senador considera que no sería estrictamente necesaria una reforma o enmienda constitucional para reglamentar la incorporación de los exmandatarios como miembros plenos de la cámara alta.
Restricción en la línea de sucesión presidencial
Uno de los puntos centrales del proyecto de ley es la limitación de funciones para los exmandatarios que decidan asumir una banca activa en el Senado. Basilio Núñez detalló que la normativa propone que los expresidentes no puedan integrar la Mesa Directiva de la cámara. Esta medida específica tiene como objetivo principal evitar que un exjefe de Estado se encuentre nuevamente en la línea de sucesión presidencial, resolviendo así uno de los conflictos jurídicos y políticos más debatidos por los proyectistas.
El titular del Legislativo subrayó que el espíritu de la ley es simplemente complementar lo que la justicia ya resolvió en su momento a través de sus fallos interpretativos. Sin embargo, ante las diversas opiniones de juristas sobre si el camino correcto es una ley ordinaria o una modificación constitucional de fondo, el senador afirmó que no existe apuro para forzar una aprobación inmediata. La prioridad actual es alcanzar un consenso técnico que brinde seguridad jurídica al proceso y garantice la estabilidad de las instituciones.
Proceso de debate en comisiones asesoras
La propuesta legislativa aún debe ser analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación, donde se espera la participación de especialistas en derecho constitucional. Basilio Núñez indicó que la intención es generar un espacio de discusión que no se vea empañado por coyunturas políticas momentáneas. El legislador reiteró que hará suya la moción de postergar el tratamiento del proyecto para permitir un análisis más exhaustivo y transparente ante la ciudadanía.
Finalmente, el senador aclaró que no hay plazos perentorios, ya que la iniciativa nació en el Senado y se debe priorizar la calidad del marco legal sobre la celeridad administrativa. La postergación de 60 días permitirá convocar a los proyectistas originales y a los ministros de la Corte para validar que el texto se ajuste estrictamente a lo establecido en la Carta Magna y los fallos vigentes. El debate seguirá abierto para asegurar que no se tomen atajos que puedan traer complicaciones jurídicas en el futuro del país.