El Diputado Nacional, Alejandro Aguilera, criticó con dureza los intentos de ciertos sectores de la oposición y grupos mediáticos de instalar una agenda basada en información falsa. Durante una entrevista en el programa Tribu Diez por La Tribuna 650 AM, el legislador se refirió al pedido de informe aprobado para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) sobre gastos en publicidad oficial.
Aguilera calificó la iniciativa como redundante, dado que la institución ya había aclarado los datos mediante un comunicado oficial previo.
El legislador argumentó que la decisión de la bancada oficialista de acompañar el pedido de informe busca desnudar las intenciones de quienes buscan generar dudas infundadas.
El diputado sostuvo que no existe una campaña contra periodistas u opositores, sino una reacción ante informaciones que carecen de sustento documental. El diputado enfatizó que la carga de la prueba recae en quien acusa y lamentó que se utilice el tiempo operativo de la Cámara de Diputados para fines mediáticos ajenos a los intereses de la ciudadanía.
Libertad de expresión y cuestionamientos al informe de la SIP
Respecto a las denuncias sobre un supuesto retroceso democrático, el diputado afirmó que Paraguay vive una libertad de expresión plena sin medios clausurados ni periodistas perseguidos judicialmente.
Aguilera puso en duda la veracidad de los reportes internacionales al señalar que el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el país suele ser redactado por actores con intereses políticos locales vinculados a medios críticos. Para el legislador, existe una tergiversación sistemática de los hechos para proyectar una imagen de autoritarismo inexistente.
El parlamentario vinculó estas críticas a la pérdida de privilegios económicos por parte de ciertos grupos empresariales de comunicación. Mencionó que el gobierno actual ha recortado la pauta publicitaria discrecional que antes beneficiaba a estos medios, redirigiendo esos recursos a programas sociales. Aguilera subrayó que estos sectores operan en función de sus propios intereses financieros y no por el bienestar del pueblo paraguayo o la defensa genuina de la libertad de prensa.
Inversión social y optimización de recursos públicos
En el ámbito de la gestión gubernamental, el diputado resaltó que el Poder Ejecutivo está invirtiendo 800 millones de dólares anuales en programas de carácter social sin haber aumentado impuestos.
Destacó el impacto del programa Hambre Cero, que beneficia a más de 1.080.000 niños diariamente, además de la generación de empleo vinculada a este proyecto.
Según el legislador, estos resultados son posibles gracias a una mejor recaudación y a la eliminación de gastos superfluos en pauta publicitaria, alquiler de vehículos y contratación de personal innecesario.
Aguilera también destacó los ahorros significativos en las entidades binacionales, citando el caso de Yacyretá, donde la dirección jurídica logró evitar el pago de sumas millonarias en juicios que anteriormente se consideraban perdidos.
El legislador comparó estos ahorros de 3.311 millones de guaraníes mensuales con los cuestionamientos mediáticos por montos menores en viáticos de ministros que, en muchos casos, son devueltos parcialmente al erario público tras cumplir misiones en el exterior.
Debate sobre títulos académicos y colegiación profesional
Finalmente, el legislador abordó la polémica sobre la validez de los títulos académicos de ciertos actores políticos, calificando las campañas de desprestigio como basadas en cuestiones triviales.
El parlamentario propuso que la solución definitiva para garantizar la idoneidad de los profesionales, especialmente en el área del derecho, es la implementación de un examen de barra obligatorio y estandarizado, preferiblemente gestionado mediante sistemas de Inteligencia Artificial para evitar la manipulación humana.
El diputado criticó que se exija a los profesionales presentar documentos de hace décadas, como exámenes de primer curso, cuando la normativa vigente solo obliga a conservar registros por un periodo limitado de cinco años.
Para Aguilera, si una universidad y el Ministerio de Educación y Ciencias validan un título, la discusión debe darse por terminada a menos que existan pruebas fehacientes de falsedad material. El legislador concluyó que estas campañas buscan debilitar a las autoridades de turno mediante ataques personales que no resisten un análisis jurídico serio.