Tras décadas de postergación, el Gobierno busca agilizar los procesos administrativos para que los pobladores accedan a la propiedad legal de sus tierras. Durante el encuentro, se destacó que la prioridad actual es la firma inmediata de adjudicaciones, un paso fundamental para brindar seguridad jurídica a las familias campesinas.
El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, detalló que el inmueble tiene 2.100 hectáreas, donde había 400 familias campesinas y en el 2015 ingresaron 50 más, con una redistribución de la tierra, que disgustó a las que estaban desde la década de los 90, originándose un conflicto.
Anunció que el Indert procedió a preparar los títulos de propiedad que ya están listos para ser entregados a 450 familias, durante un acto que depende de la agenda del presidente Peña; además de encontrar una solución para los campesinos que no pudieron tener tierras.
Pobladores y referentes rurales valoraron la apertura del Ejecutivo para abordar estos casos, señalando que existe una predisposición institucional sin precedentes para cerrar capítulos de conflicto que han frenado el desarrollo de la región.
De acuerdo a lo informado por las autoridades en conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga, un aspecto distintivo de este proceso es la integración de una mesa de trabajo plural, que cuenta con la participación de actores sociales con experiencia en casos emblemáticos.
Entre ellos, Pascual Kinoti, sacerdote y referente de la comisión vecinal San Óscar Romero (ex Marina Cué), dirigentes como Martina Paredes y Darío Acosta, quienes aportan la experiencia del caso Curuguaty para evitar errores del pasado.
El objetivo de esta articulación es construir consensos sostenibles. Según lo expuesto por el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, la solución definitiva no es solo técnica, sino que requiere un fuerte componente de diálogo y concienciación entre los colonos para garantizar la paz social.