El Diputado Nacional Roberto González (ANR Cordillera), calificó el debate parlamentario sobre la senaduría vitalicia como un tema absolutamente carente de trascendencia ante la crisis económica actual.
El legislador manifestó que la propuesta es estéril porque el marco jurídico vigente ya permite la participación de expresidentes en elecciones activas.
Según el parlamentario, la clase política se enfoca en reglamentaciones accesorias mientras la ciudadanía enfrenta dificultades críticas para cubrir sus necesidades básicas. Esta entrevista fue emitida por el programa Tribu Nativa a través de La Tribu 650 AM.
Jurisprudencia y validez del Artículo 189
Desde una perspectiva jurídica, el legislador enfatizó que la Corte Suprema de Justicia ya ha disipado cualquier duda mediante acuerdos y sentencias coincidentes.
Se recordó que tanto en los casos de Nicanor Duarte Frutos como de Horacio Cartes, la máxima instancia judicial determinó que no existe inhabilidad para la postulación a cargos electivos.
El diputado citó a destacados constitucionalistas que definen la senaduría vitalicia como un cargo meramente honorífico, el cual no cercena el derecho de un ciudadano a ser electo tras cumplir su mandato democrático.
El precedente de Fernando Lugo en el Congreso
Respecto a los temores sobre la línea de sucesión presidencial, el parlamentario calificó los argumentos de contradictorios y sesgados ante la realidad política reciente.
Mencionó que el exmandatario Fernando Lugo, a pesar de haber sido removido vía juicio político, fue electo, proclamado y llegó a presidir el Senado.
Este antecedente demuestra que el sistema ya permite que un expresidente integre la mesa directiva y la línea de mando nacional.
Por ello, la creación de una ley que obligue a renunciar al vitaliciado carece de rigor y lógica jurídica elemental.
Postura técnica sobre la disciplina de bancada
Sobre la divergencia interna en su movimiento, el legislador fue tajante al señalar que su criterio como abogado es personal y no compromete a la disidencia colorada.
Aclaró que existen principios jurídicos que no pueden ser subastados por conveniencia política o alineamiento grupal.
A pesar de que otros referentes de su sector califican la ley como una vía para evitar violaciones constitucionales, el diputado insistió en que el camino correcto es la reforma constitucional y no la creación de normativas que solo buscan editar comentarios negativos de la opinión pública.