Liderazgo compartido: la nueva era del vicepresidente nacional

En la última década, la Vicepresidencia de Paraguay ha experimentado una transformación que ha ido más allá de la mera función sucesoria. Entre el 2013 y el 2026, los titulares del cargo han buscado consolidar un rol ejecutivo más proactivo, centrándose en la coordinación territorial, la igualdad de género y la gestión de programas sociales de alto impacto, aunque el camino no ha estado exento de crisis internacionales que han desafiado la ética del poder en la República.

La Tribuna

Juan Afara (2013-2018) inició este proceso imprimiendo un sello de gestión de campo. Como exgobernador de Itapúa, Afara utilizó su oficina para articular demandas del sector productivo y rural, supervisando proyectos de desarrollo que buscaban descentralizar la atención del Estado. Su labor como nexo político facilitó el diálogo con intendentes y gobernadores, aunque su salida prematura para postularse al Senado volvió a subrayar el carácter transitorio que muchos actores le asignaban al cargo.

Un hito histórico indiscutible ocurrió en mayo del 2018 con la asunción de Alicia Pucheta, la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia en Paraguay. Proveniente de una destacada carrera en la Corte Suprema de Justicia, Pucheta aportó una visión centrada en los derechos humanos y la protección de poblaciones vulnerables. Su gestión, aunque breve, se enfocó en fortalecer la Comisión Interinstitucional Responsable de la Ejecución de Sentencias Internacionales (CICSI) y en promover políticas de género y atención a la niñez, elevando el prestigio institucional del cargo mediante una mirada técnica y social.

Sin embargo, la estabilidad se vio amenazada durante el período de Hugo Velázquez (2018-2023). Velázquez, un experimentado operador parlamentario, fue crucial para desactivar crisis legislativas que amenazaban al presidente Mario Abdo Benítez durante la pandemia. No obstante, su vínculo político sufrió una fractura irremediable en el 2022, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo designó como “significativamente corrupto”. Esta intervención externa forzó a Velázquez al ostracismo político, manteniéndose en el cargo, pero sin el apoyo del mandatario, quien incluso fue señalado por supuestamente haber propiciado información para debilitar a su propio compañero de fórmula en medio de pugnas internas.

El escenario actual, protagonizado por la dupla de Santiago Peña y Pedro Alliana (2023-2026), propone un modelo de “simbiosis política” que busca erradicar las desavenencias del pasado. Alliana, con una trayectoria sin precedentes que incluye la presidencia de la Cámara de Diputados y del Partido Colorado, ha redefinido el cargo como una jefatura operativa del gabinete. Hasta el horizonte del 2026, sus aportes han sido determinantes en la aprobación de leyes estratégicas y en la implementación de programas como “Hambre Cero”, donde Alliana lideró las negociaciones con jefes comunales para descentralizar la alimentación escolar y asegurar que llegue a más de un millón de niños.

Además, Alliana ha supervisado la expansión del sistema de becas gubernamentales, beneficiando a más de 7.500 jóvenes y garantizando la continuidad de obras de infraestructura clave en el departamento de Ñeembucú, como la Costanera de Pilar. El propio presidente Peña ha resaltado a Alliana como el actor más gravitante de la política paraguaya, destacando su capacidad para dividir el tiempo entre la gestión institucional y la responsabilidad partidaria.

Hacia finales del 2026, la Vicepresidencia paraguaya se proyecta no solo como una oficina de enlace, sino como un motor de gobernabilidad. El vínculo entre Peña y Alliana se caracteriza por una división clara de tareas: mientras el presidente se enfoca en la diplomacia internacional y el diseño técnico, el vicepresidente maneja la política interna y el nexo parlamentario, asegurando una estabilidad que permite al Gobierno enfocarse en resultados medibles. Con Alliana ya posicionado como el candidato natural para el 2028, Paraguay parece haber encontrado en este modelo de copresidencia operativa una respuesta a las crisis cíclicas que marcaron sus primeros años de democracia.

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