A un año de su informe final, la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) presentó un análisis exhaustivo sobre el estado de la democracia electoral en el país. Si bien se reconoce una percepción más positiva hacia el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el mensaje central es de cautela: el margen de mejora sigue siendo amplio y los cambios estructurales son aún incipientes.
Uno de los puntos más críticos señalados es la dispersión normativa. La UE aboga por la creación de un compendio o código electoral que elimine las ambigüedades actuales.
“Hemos observado avances limitados en la armonización de la legislación. Creemos que se debe aunar toda la legislación electoral en un solo texto legal para eliminar disparidades”, expresó Gabriel Mato, jefe de misión de la UE.
Asimismo, se puso énfasis en el riesgo de la financiación política. La misión propone un cambio de paradigma: que el Estado adelante parte de las subvenciones antes de las elecciones.
El objetivo es doble: igualar las condiciones para todos los candidatos y blindar el proceso contra el dinero proveniente de actividades ilegales, evitando que los candidatos busquen recursos fuera del sistema formal.
Además, la misión sigue de cerca dos proyectos de ley en el Congreso sobre la protección de periodistas. Sin embargo, advierten que la adecuación de penas en delitos como la difamación es clave. Para la UE, penas desproporcionadas no protegen el honor, sino que generan un ambiente de autocensura que daña la libertad de prensa.
Igualmente instó a fortalecer la transparencia con más capacitación sobre el uso de máquinas de votación, mayores controles y mejor formación de los partidos.
Además, valoró la inclusión de comunidades indígenas y el rol de la sociedad civil, aunque advirtió sobre posibles limitaciones por la ley de ONG.
En cuanto a las redes sociales, el informe es tajante: no se trata de censura, sino de credibilidad. Se hace un llamamiento a combatir la desinformación para garantizar que el ciudadano reciba información veraz.
Recomendaciones de aplicación inmediata para mejorar la inclusión:
- Voto asistido: Implementar mecanismos de control estrictos para evitar abusos o coacción.
- Acercar las urnas: Apertura de más locales de votación en zonas rurales o de difícil acceso.
- Transporte gratuito: Organizar movilidad oficial para que el traslado de votantes no dependa de la logística de los partidos políticos, garantizando así la independencia del elector.
Finalmente, la misión subrayó que ninguna reforma será efectiva sin una campaña agresiva de educación cívico-electoral. El ciudadano paraguayo debe comprender no solo cómo votar, sino cómo funciona la administración electoral y el uso de la tecnología en el proceso, para fortalecer la confianza en los resultados.