Por César Addario Soljancic.
A 53 años de la firma del Tratado de Itaipú (26 de abril de 1973), el balance expone su rol decisivo: de motor de renta a plataforma pendiente de desarrollo. Con deuda saldada desde 2023, el desafío es convertir energía en inversión productiva y crecimiento sostenible.
Este 2026 marca medio siglo de la firma del Tratado de Itaipú y también tres años del hito financiero que cambió para siempre la ecuación del país: el pago total de la deuda de construcción de la binacional en 2023. Con 14.000 MW de potencia instalada, factores de planta que superan habitualmente el 90% y una generación media anual cercana a los 95 TWh, Itaipú no solo es la hidroeléctrica que más energía ha producido en el mundo a lo largo de su historia.
Es el activo estratégico que literalmente transformó la trayectoria económica y social de nuestro país. Hay que reconocer con justicia el mérito histórico del Gobierno del general Alfredo Stroessner en esta obra. En una época en que Paraguay era un país agrario, sin litoral y con recursos limitados, su administración tomó la decisión estratégica de firmar el Tratado con Brasil y empujar la construcción de la mayor represa del planeta.
Esa visión de Estado, pese a las controversias de la época, permitió materializar un proyecto de escala monumental que muchos consideraban imposible. Gracias a esa determinación, Itaipú se convirtió en realidad y en el motor de modernización del país. Sin esa apuesta fundacional, difícilmente hubiéramos alcanzado la soberanía energética que hoy disfrutamos.
Desde su operación comercial plena, la represa ha transferido al Estado paraguayo más de 20.000 millones de dólares entre royalties, compensaciones por cesión de energía y utilidades de capital. Solo entre agosto de 2023 y fines de 2025, los recursos por Anexo C superaron los 1.222 millones de dólares: 619 millones en royalties, 493 millones por cesión de energía y más de 110 millones a la Ande.
En 2025 el flujo alcanzó 462 millones de dólares. Esa corriente constante de divisas, equivalente a entre 1,5% y 2,5% del PIB según el año, permitió financiar una transformación profunda. Gracias a Itaipú construimos miles de kilómetros de rutas pavimentadas, modernizamos el sistema eléctrico nacional, expandimos la cobertura de salud y educación, y sostuvimos programas sociales que mejoraron la calidad de vida de millones de compatriotas.
Pasamos de ser el país sin litoral más pobre de Sudamérica a tener la matriz eléctrica más limpia y competitiva del continente, y el mayor crecimiento neto de toda Latinoamérica en estas cinco décadas. Carreteras como la Transchaco, hospitales regionales, escuelas y la electrificación rural masiva llevan el sello indirecto de esos recursos. Sin ellos, muchos de esos avances habrían sido impensables.
Sin embargo y lastimosamente, durante décadas predominó un enfoque rentista antes que desarrollista. Los recursos se volcaron principalmente al gasto corriente y subsidios en lugar de crear mecanismos permanentes de capitalización productiva. La enorme cantidad de energía cedida a Brasil generaba renta, pero no los multiplicadores internos que el país necesitaba. Faltó transformar kilovatios-hora en valor agregado; aluminio, ferro silicona, hidrógeno verde, centros de datos o fertilizantes.
Esa brecha explica por qué, teniendo la energía más barata de la región, seguimos con un PIB per cápita rezagado frente a vecinos con costos energéticos más altos pero mayor industrialización.
En este balance histórico corresponde reconocer con claridad el liderazgo de Juan Carlos Wasmosy. En 1997, en medio de una profunda crisis bancaria y con Brasil aplicando el Plan Real, Wasmosy negoció con Fernando Henrique Cardoso un acuerdo de reestructuración de la deuda de Itaipú que fue clave. Ese pacto técnico incorporó distorsiones cambiarias y costos históricos, pero estableció un cronograma de amortización serio y realista que permitió el pago definitivo en 2023.
Gracias a esa visión estratégica y a esa paciencia negociadora, pudimos decir en febrero de 2023 que logramos no tener carga financiera alguna. Este acuerdo demostró que los grandes acuerdos energéticos se construyen con números sólidos y voluntad política de Estado, no con improvisación, en donde la gestión fue el puente indispensable para liberar más de 1.000 millones de dólares anuales que hoy fluyen sin deuda.
Por contraste, el acuerdo de 2009 con Brasil, que triplicó la compensación por cesión de energía, representó un avance importante en soberanía. Sin embargo, esos recursos adicionales no fueron blindados con un marco institucional de largo plazo. Se utilizaron mayoritariamente en gasto corriente y programas sociales sin crear un fondo de estabilización o inversión productiva automática.
Esa ausencia de previsión dejó al país más expuesto a la volatilidad hidrológica y cambiaria de lo necesario. Hoy, con la deuda saldada y el Anexo C en plena discusión, el futuro exige un cambio de paradigma. Es momento de buscar una reducción razonable de la tarifa de cesión (actualmente en 19,28 dólares por kW-mes) para hacer más atractiva la energía paraguaya tanto para Ande como para nuevos inversores industriales, compensando esa baja con mecanismos adicionales de captación de renta: participación en valor agregado, joint-ventures en hidrógeno verde, almacenamiento por bombeo y proyectos binacionales.
Desde el punto de vista financiero, las oportunidades son concretas y cuantificables. Se podría destinar alrededor del 40% de los recursos liberados (entre 400 y 500 millones de dólares anuales) a la creación de un Fondo Soberano de Desarrollo Itaipú, con una asignación diversificada en infraestructura verde, capital de riesgo tecnológico, bonos de alto rating y reservas de estabilización.
Con un rendimiento conservador del 5% real anual, ese fondo podría superar los 12.000 millones de dólares en 15 años, generando un colchón de capital que multiplique el impacto de la binacional.
Paralelamente, una reducción tarifaria selectiva a entre 12 y 14 dólares por kW-mes para contratos de largo plazo permitiría atraer industrias electro-intensivas que generarían miles de empleos directos e indirectos y multiplicarían por tres o cuatro el valor agregado por cada kWh consumido. Además, avanzar en proyectos binacionales de hidrógeno verde, solar flotante sobre el reservorio e instalaciones de almacenamiento energético abriría nuevas fuentes de ingresos que podrían sumar hasta 20.000 millones de dólares adicionales hasta 2040.
Itaipú ya no es solo una represa. Es el activo estratégico más poderoso que tenemos. El desafío de los próximos cincuenta años es pasar definitivamente del modelo rentista que nos salvó en el siglo XX a un modelo desarrollista que nos proyecte con fuerza al 2050. Con la visión de Estado que se demostró corrigiendo los errores de dispersión del pasado y aplicando una estrategia técnica y financiera rigurosa, podemos convertir la energía en riqueza perdurable y verdadera soberanía productiva.
Nosotros tenemos energía limpia y abundante. Ahora solo falta usarla con mayor inteligencia. El reloj del Anexo C sigue corriendo. Es hora de honrar ese legado transformando la energía en progreso real y perdurable. Ya tenemos la fuerza de Itaipú, solo falta usarla con total grandeza.