La Contraloría General de la República (CGR) se prepara para una etapa de transición institucional ante el cumplimiento del mandato constitucional de su titular.
El Dr. Camilo Benítez recordó que el próximo 2 de noviembre finaliza su periodo de siete años al frente del órgano superior de control, cuya designación depende exclusivamente del Congreso Nacional.
Benítez destacó que, independientemente de una posible reconducción, su prioridad es consolidar un plan estratégico que garantice la autonomía técnica de la institución. Estas declaraciones fueron vertidas en el programa Todo pasa weekend por La Tribu 650 AM.
Proceso de designación y plazos del Congreso
El mecanismo para elegir al nuevo contralor requiere que el Senado elabore una terna, de la cual la Cámara de Diputados debe designar a un candidato.
Según la normativa, este proceso debería iniciarse al menos 60 días antes del término del mandato para permitir audiencias públicas y concursos transparentes.
Benítez aclaró que, aunque legalmente podría aspirar a un segundo periodo completo tras haber completado inicialmente el mandato de un antecesor, su enfoque actual se centra en dejar una estructura operativa que no dependa de las individualidades.
Tecnología e inteligencia artificial en la fiscalización
Uno de los pilares del actual plan estratégico es la implementación de inteligencia artificial para potenciar la capacidad analítica de la CGR.
En este contexto, se anunció la visita del contralor de los Emiratos Árabes para el 17 de julio, con el objetivo de establecer convenios de cooperación técnica.
Benítez subrayó que la tecnología es la herramienta clave para auditar proyectos emblemáticos y reducir la brecha de control en un sistema que anteriormente se gestionaba mediante expedientes físicos cerrados a la ciudadanía.
Digitalización de rendiciones y fin de la “bolsa” municipal
La transformación del área de rendición de cuentas de municipios y gobernaciones ha sido uno de los avances más significativos en materia de transparencia.
El contralor explicó que el sistema actual es 100% digital, lo que eliminó el trato directo entre funcionarios e intendentes para obtener el aval de recepción de fondos como el Fonacide.
Esta medida cortó circuitos de vulnerabilidad y corrupción, obligando a las autoridades locales a transparentar el uso de recursos que anteriormente se administraban sin una supervisión efectiva por parte del Estado paraguayo.
Denuncias ante el Ministerio Público e impunidad
Respecto a la eficacia de los reportes de indicios de hechos punibles, Benítez cuestionó la falta de castigos ejemplares por casos de corrupción.
El contralor señaló que el mayor flagelo del país es la impunidad, ya que la ausencia de condenas firmes genera una pérdida de miedo a las consecuencias legales.
Aunque la CGR remite investigaciones detalladas que equivalen a carpetas fiscales, el sistema judicial paraguayo presenta una brecha alarmante entre las denuncias formuladas y la cantidad de personas que efectivamente cumplen penas de cárcel.
Auditorías emblemáticas y exámenes de correspondencia
En la recta final de su administración, el equipo técnico de la CGR trabaja en el cierre de exámenes de correspondencia de alta sensibilidad política.
Benítez anunció que se están finalizando auditorías vinculadas al Presidente de la República, funcionarios del IPS y casos de enriquecimiento de figuras del ámbito público.
El objetivo es concluir estas investigaciones antes de noviembre, exigiendo a los equipos de investigación financiera trabajar con rigor científico para que los resultados sean irrefutables ante cualquier instancia judicial o cuestionamiento mediático.
Críticas al ejercicio de la defensa técnica
El contralor también se refirió a los cuestionamientos de abogados litigantes sobre la calidad de los informes de la CGR, calificando tales críticas como estrategias de dilación procesal. El encargado del control público defendió la integridad y preparación técnica de los funcionarios de la casa, asegurando que la institución es hoy una de las más abiertas y transparentes del Estado paraguayo.
Para el titular de la CGR, el valor de la palabra institucional se sostiene en la apertura de los datos y en el coraje de denunciar irregularidades sin distinción de colores partidarios o influencias políticas, destacó finalmente.