El sistema penitenciario paraguayo enfrenta una presión sin precedentes debido al hacinamiento extremo y la propagación de enfermedades infectocontagiosas.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que la población carcelaria asciende a 20.520 personas, superando ampliamente la capacidad de albergue de 13.500 plazas.
Ante la detección de seis fallecidos por tuberculosis en la penitenciaría de Concepción, se dispuso el cierre del penal por 30 días para contener el brote. Estas precisiones fueron vertidas en el programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Crisis sanitaria y control de tuberculosis en penales
La tuberculosis se ha convertido en la principal amenaza para la salud de los internos debido a las condiciones de encierro.
Nicora detalló que en la cárcel de Concepción existen 56 casos detectados, donde el hacinamiento actúa como el factor preponderante para el contagio masivo.
El ministro admitió que muchos internos abandonan el tratamiento de seis meses debido a los efectos colaterales o tras egresar del sistema, lo que complica la erradicación de la enfermedad. La cartera de Estado trabaja con el Ministerio de Salud para realizar testeos masivos y aislar los casos sospechosos en un micromundo de alta demanda sanitaria.
Perfiles de alta peligrosidad y régimen de máxima seguridad
Respecto a la reclusión de Gianina García y Dalia López, el ministro ratificó que ambas se encuentran bajo regímenes estrictos que impiden cualquier privilegio. García permanece en el módulo de máxima seguridad de Martín Mendoza, una infraestructura de “cero ocio” construida íntegramente en cemento, sin acceso a electricidad ni dispositivos telemáticos.
Nicora enfatizó que el monitoreo es constante y las revisiones son diarias para evitar acuerdos irregulares con el personal penitenciario, garantizando que no se repitan las situaciones de confort detectadas en reclusiones anteriores administradas por otras fuerzas.
Crecimiento exponencial de la población penitenciaria
Desde el inicio de la actual gestión, el número de personas privadas de libertad aumentó en aproximadamente 3.500 internos, manteniendo un crecimiento anual de 1.100 reclusos.
El ministro señaló que la violencia familiar se ha consolidado como una de las principales causas de ingreso al sistema, junto con el robo agravado y el hurto.
Esta estadística refleja una crisis social profunda, donde el sistema penitenciario termina siendo el receptor de la ausencia de políticas públicas preventivas y la falta de oportunidades para la población joven.
Políticas de reinserción y estigma social
El ministro reflexionó sobre la dificultad de la reinserción social en un contexto donde el antecedente penal actúa como una barrera insalvable para el empleo.
Nicora subrayó que el Estado está implementando programas de primera infancia y becas universitarias para atacar las raíces de la delincuencia a largo plazo.
Sin embargo, advirtiendo que mientras persista el estigma social hacia quienes recuperan su libertad, el ciclo de reincidencia seguirá alimentando las estadísticas de criminalidad, independientemente de los esfuerzos educativos dentro de los penales.
Factor humano y tecnología en la vigilancia
A pesar de la incorporación de tecnología de vigilancia en las nuevas penitenciarías, el ministro reconoció que el recurso humano sigue siendo el eslabón crítico para mantener el orden. La formación de agentes penitenciarios es clave para evitar la corrupción y asegurar que los lineamientos de reclusión se cumplan sin excepciones.
Nicora concluyó que la meta es transformar las cárceles en centros de rehabilitación efectiva, aunque admitió que los resultados de las políticas públicas actuales se verán recién a mediano y largo plazo en la conducta de la sociedad.