Política

Acevedo cuestiona opacidad en acuerdos migratorios y defiende su honor en el caso Rivas

El ex canciller calificó de entrega de soberanía el convenio para recibir migrantes rechazados por Estados Unidos y anunció posibles acciones legales para limpiar su prestigio personal.

| Por David Martinez

El gobierno nacional enfrenta duras críticas por la falta de transparencia en la firma de acuerdos internacionales que afectan la soberanía migratoria y jurídica del país.

El doctor Euclides Acevedo advirtió que convenios como el SOFA y el reciente protocolo para recibir a ciudadanos rechazados por Estados Unidos revelan una debilidad institucional que devora el ejercicio del poder.

Según el analista, Paraguay no debe convertirse en un “aeropuerto de tránsito” para lo que el país norteamericano desprecia, cuestionando el alineamiento automático de la cancillería paraguaya en el programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.

Sospechas sobre la soberanía migratoria y el acuerdo SOFA

La llegada de los primeros 25 ciudadanos rechazados por el gobierno estadounidense genera interrogantes sobre la seguridad nacional que no han sido respondidas con precisión por las autoridades migratorias.

Acevedo denunció que la información se entrega “a cuentagotas” bajo el pretexto de la confidencialidad, ocultando los costos reales que el Estado paraguayo deberá asumir para acoger a estas personas. Asimismo, criticó el acuerdo SOFA, que otorga inmunidad jurisdiccional a militares y contratistas norteamericanos en territorio paraguayo, calificándolo como un atentado directo contra el orden jurídico soberano del país.

Falta de estrategia nacional y alineamiento automático

La política exterior paraguaya actual carece de una estrategia de defensa nacional y se supedita a los intereses del principal aliado estratégico sin mediar consultas con expertos o ex cancilleres.

El doctor Acevedo señaló que, a diferencia de otros países de la región con relaciones fluidas con Washington, solo Paraguay ha aceptado estas condiciones sin una discusión previa en el Poder Legislativo.

Para el ex ministro, la labor de la cancillería debe estar al servicio del aparato productivo y la identidad cultural, y no limitarse a satisfacer las pretensiones de los burócratas extranjeros por una cuestión de comodidad política.

Precisiones sobre la gestión en la Universidad Sudamericana

Respecto al caso de los títulos de grado bajo sospecha, Acevedo aclaró que su gestión como rector en la Universidad Sudamericana inició en 2015, año en que se decidió el cierre de todas las facultades, excepto medicina.

Precisó que nunca fue rector de la facultad de derecho mientras hubo alumnos cursando, y que su firma en los títulos responde a una obligación legal basada en la presunción de regularidad de los actos públicos.

El ex rector enfatizó que no es labor de la máxima autoridad académica actuar como celador o controlador de exámenes, sino certificar los documentos que han pasado por auditorías internas.

Auditoría del MEC y validez jurídica del título de Rivas

El título del senador Hernán Rivas fue sometido a una auditoría integral del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la cual falló determinando que el documento estaba acorde a derecho.

Acevedo recordó que esta resolución permitió al legislador jurar ante la Corte Suprema de Justicia y ser nombrado miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El entrevistado lamentó que se mezclen cuestiones políticas con jurídicas y denunció que se intente normalizar el linchamiento moral cuando existen documentos oficiales que avalan la trazabilidad del egresado en el sistema educativo nacional.

Acciones legales para la restitución del honor y la dignidad

Ante lo que calificó como una campaña “pestilente” y cargada de maledicencia, Acevedo anunció que sus abogados estudian presentar una demanda civil por nulidad o denuncias penales para limpiar su nombre.

Afirmó que su honor y su trayectoria militante han sido manoseados por sectores que buscan sacarlo del medio por intereses electorales o resentimientos personales.

El doctor lamentó que la prescripción jurídica se use para satanizar el proceso, cuando en realidad es una garantía de plazos que debe respetarse en cualquier estado de derecho para evitar investigaciones infinitas sin fundamento.

Crisis del sistema educativo superior y el nuevo Registro Único

La proliferación de universidades de dudosa calidad es un problema de fondo que trasciende los casos individuales y pone en riesgo la excelencia académica en profesiones críticas como el derecho y la medicina.

Como aspecto positivo del reciente escándalo, Acevedo destacó la creación del Registro Único de Estudiantes (RUE) en 2024, que obligará a todas las instituciones a reportar la trazabilidad de sus alumnos.

Esta medida busca evitar que ciudadanos sin la competencia necesaria accedan a títulos que, en manos de un médico negligente, pueden costar vidas humanas por la falta de rigor en la formación.

Crítica a la arrogancia diplomática y falta de consulta

El ex canciller lamentó la “arrogancia y petulancia” de las autoridades actuales, quienes deciden temas de Estrategia Nacional sin consultar a diplomáticos de carrera o ex ministros de primer nivel.

Aseguró que la política exterior debe ser discutida primeramente por el Ministerio de Defensa, ya que es esta cartera la encargada de proteger los intereses superiores de la nación.

La falta de intercomunicación entre los tres poderes del Estado en temas de soberanía migratoria revela, según Acevedo, una gestión personalista que ignora los principios constitucionales de coordinación institucional.

Responsabilidad de los tres poderes en la gestión de acuerdos

Finalmente, Acevedo recordó que la Constitución Nacional establece que el gobierno lo ejercen los tres poderes del Estado en coordinación y recíproca dependencia.

La firma de convenios que afectan la soberanía jurídica no debe ser una potestad exclusiva y cerrada de la Cancillería, sino un proceso de intercomunicación con el Legislativo y el Judicial.

La debilidad institucional se combate mediante la institucionalidad del debate, evitando que los acuerdos de defensa o migración queden bajo sospecha de inconstitucionalidad por la omisión de los controles y contrapesos democráticos necesarios.

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