La Cámara de Diputados puso en marcha una comisión especial para el seguimiento de las deudas del Estado, en una primera sesión que contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.
El titular de Diputados, Raúl Latorre, centró el debate en la necesidad de establecer mecanismos concretos que permitan cumplir compromisos pendientes y activar la circulación de recursos en la economía.
Durante la reunión, uno de los ejes fue la estrategia para honrar las obligaciones con proveedores. Latorre sostuvo que el cumplimiento de los acuerdos constituye un principio básico del funcionamiento estatal, con impacto directo en la credibilidad institucional y en la estabilidad de sectores productivos vinculados al Estado.
Otro punto planteado fue la necesidad de que las políticas económicas se traduzcan en mejoras tangibles para la población, incluyendo el desafío de generar condiciones que permitan mayor liquidez en los hogares, con capacidad de consumo sostenida y previsibilidad en los ingresos.
Comisión con plazo y alcance definido
La comisión estará integrada por 12 legisladores de distintas bancadas, con el objetivo de garantizar representación plural en el análisis de la deuda pública.
El esquema de trabajo prevé una coordinación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas durante un período inicial de 60 días, plazo establecido para la elaboración de un primer informe.
El documento resultante deberá contener propuestas concretas sobre mecanismos de pago, alternativas de financiamiento y medidas que permitan ordenar el flujo de obligaciones pendientes.
El plazo podrá extenderse en función de los avances y las necesidades detectadas durante el proceso.
El funcionamiento de la comisión contempla una articulación permanente con el Poder Ejecutivo. Desde el Legislativo se prevé además el acompañamiento mediante herramientas normativas que faciliten la ejecución de un plan de pagos.
Latorre situó la responsabilidad operativa en el Ministerio de Economía y en la Presidencia de la República, en relación con la implementación de las soluciones que surjan del trabajo técnico.
La comisión, en este esquema, actúa como instancia de seguimiento y apoyo institucional.
El análisis incluye tanto a grandes empresas proveedoras del Estado, como industrias farmacéuticas y constructoras, como a pequeños prestadores de servicios.
En este último grupo, los atrasos en los pagos generan efectos inmediatos sobre su sostenibilidad financiera.
El enfoque del trabajo apunta a que la regularización de estas deudas contribuya a dinamizar la economía, con mayor circulación de dinero y efectos en cadena sobre empleo y consumo.
Las próximas semanas iniciarán la elaboración de diagnósticos técnicos y la búsqueda de consensos políticos que permitan encaminar un esquema de pagos sostenido.
Déficit no se tocará por ahora, afirma ministro Óscar Lovera
El ministro de Economía, Óscar Lovera, afirmó que el Gobierno no evalúa actualmente una modificación del déficit fiscal, al considerar que aún no están dadas las condiciones para avanzar en ese sentido.
Señaló que primero debe definirse el mecanismo de pago de la deuda con los sectores afectados, que asciende aproximadamente entre USD 1.200 y 1.300 millones.
Explicó que la cancelación de estos compromisos dependerá de las herramientas que se acuerden con los involucrados, en un proceso que, según remarcó, no será impuesto por el Estado, sino resultado de negociaciones.
En ese contexto, indicó que el Ejecutivo mantiene abiertas distintas alternativas, aunque ninguna implica por ahora impulsar cambios en el límite fiscal vigente.
Lovera recordó que la Ley de Responsabilidad Fiscal ha sido el eje de la política económica desde 2012, aunque reconoció que situaciones excepcionales, como la pandemia, obligaron a flexibilizar temporalmente ese marco, llegando incluso a niveles de déficit del 6%.
Advirtió que elevar nuevamente el tope implicaría recurrir a mayor endeudamiento, lo que podría generar riesgos en la estabilidad financiera.
Si bien sostuvo que el país tiene capacidad para endeudarse, insistió en que este recurso debe utilizarse con responsabilidad y en función de acuerdos concretos, evitando soluciones apresuradas.
