Política

Desde el Congreso pedirán informes a Fiscalía sobre caso Hernán Rivas

El titular del Congreso, Basilio Núñez, afirmó que pedirá datos a la Fiscalía sobre la denuncia que involucra a Hernán Rivas, mientras el oficialismo advierte que cualquier acción dependerá de resultados verificables.

| Por La Tribuna
Titular del Congreso Basilio Núñez, en el pleno de la Cámara Alta.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmó que el Legislativo avanzará con un pedido de informes dirigido al Ministerio Público en relación a la supuesta amenaza del senador Hernán Rivas contra la agente fiscal Patricia Sánchez.

No obstante, dejó en claro que cualquier decisión política o institucional quedará supeditada a los resultados que arroje la investigación.

El titular del Congreso sostuvo que el objetivo del requerimiento es contar con información oficial y detallada que permita esclarecer los hechos. En ese sentido, remarcó que el proceso debe encaminarse dentro de los canales formales, evitando interpretaciones anticipadas o posicionamientos sin respaldo.

Núñez explicó que el pedido de informes debe surgir del pleno del Congreso y no de iniciativas individuales, al insistir en que el tratamiento de este tipo de casos requiere un marco institucional claro.

Indicó que la intención es canalizar la solicitud conforme a los procedimientos establecidos, de modo a garantizar la validez del proceso.

A su criterio, la intervención del Legislativo debe centrarse en recabar datos oficiales sin interferir en el desarrollo de las investigaciones que corresponden al Ministerio Público.

El presidente del Congreso reiteró que cualquier eventual acción dependerá exclusivamente de la existencia de pruebas. Señaló que no corresponde adoptar medidas sobre la base de versiones o afirmaciones no verificadas, especialmente cuando se trata de un parlamentario en funciones activas.

En ese marco, subrayó que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para individualizar responsabilidades. “Tiene que haber pruebas”, insistió, al marcar la línea que seguirá el oficialismo ante el caso.

Núñez también defendió el rol del fiscal general, al considerar que la institución debe actuar con independencia y rigor técnico. Sostuvo que corresponde al Ministerio Público avanzar con la investigación, definir si existió o no la amenaza y, en su caso, identificar al responsable mediante los mecanismos legales vigentes.

“Está obligado a dar una aclaración ante el pleno”

El senador Juan Carlos Galaverna informó, tras una reunión de la bancada de Honor Colorado, que su colega Hernán Rivas brindará declaraciones la próxima semana con el objetivo de despejar las dudas existentes sobre su formación académica.

“No soy juez para dudar o no de un colega, pero la duda está instalada; por eso le recomendamos que realice las aclaraciones correspondientes”, expresó Galaverna.

Asimismo, señaló que Rivas negó categóricamente haber realizado amenazas contra la fiscala Patricia Sánchez, quien tiene a su cargo la investigación del caso.

A su turno, el senador Óscar Salomón sostuvo que, más allá del proceso judicial del caso, actualmente en la Corte, el Senado debe continuar con la investigación correspondiente.

A su criterio, y con base en los elementos disponibles, existen serias dudas sobre la formación académica de Rivas. Sostuvo que está obligado a dar una aclaración ante el pleno, considerando que utilizó esa condición para ejercer funciones de control. En ese sentido, Salomón remarcó la necesidad de avanzar en una investigación exhaustiva y advirtió que, de confirmarse alguna irregularidad, correspondería la pérdida de investidura del legislador.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que corresponde la apertura de una nueva carpeta fiscal y la eventual imputación, tras la reciente denuncia presentada por la oposición por el presunto uso de documento de contenido falso, en referencia al título de abogado que habría sido utilizado por el senador Hernán Rivas.

La legisladora explicó que dicho documento habría sido determinante para su designación como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2023, por lo que consideró necesario que la Justicia analice el caso con mayor profundidad.

En ese sentido, señaló que será clave determinar si el hecho se encuentra o no prescripto, atendiendo a que el plazo de prescripción es de tres años. “Nosotros le nombramos como representante en julio del 2023, entonces, estamos ante una nueva oportunidad de cuestionar”, sentenció.

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