En declaraciones al programa “Justicia al día”, de La Tribu 650 AM, mencionó como hitos la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos y la elaboración del informe sobre el saldo de la deuda de Itaipú, al que calificó como un tema complejo que anteriormente no había sido abordado con ese nivel de detalle.
Asimismo, recordó que la misión de la Contraloría es ejercer el control de la actividad económica y financiera del Estado. “El contribuyente paga sus impuestos y el Estado los ejecuta; la Contraloría debe garantizar que esos recursos se utilicen correctamente”, explicó.
En ese sentido, detalló que la institución realiza distintos tipos de auditorías: financieras, orientadas a la revisión contable; de cumplimiento, vinculadas a la legalidad del uso de los recursos, y de desempeño, enfocadas en medir la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, una herramienta que, según indicó, cobra cada vez mayor relevancia en la gestión estatal.
En otro momento, el contralor general advirtió sobre una “limitación gigantesca” para el acceso a la información del funcionario público, lo que, según señaló, dificulta el fortalecimiento de los mecanismos de control.
En ese sentido, afirmó que lo ideal sería contar con un marco legal que obligue a las instituciones del Estado a migrar sus bases de datos y habilitar un acceso directo para la Contraloría. “En un mundo perfecto, debería existir una ley que obligue a los organismos del Estado a transferir su información y abrir una puerta de acceso”, expresó.
Indicó además que modelos similares ya se aplican en países como Chile y diversas naciones europeas, donde los órganos de control cuentan con mayor disponibilidad de información para el ejercicio de sus funciones. “En otros países incluso ya realizan los controles a través de las redes sociales, estamos muy lejos de eso”, reconoció.
Así también, destacó el esfuerzo institucional realizado, aunque consideró que aún resulta insuficiente frente a los objetivos trazados.
“Estamos haciendo muchísimo más”
“Estamos haciendo aproximadamente 25 veces más que el promedio histórico, es decir, unas 150 por año, pero el objetivo es llegar a 5.000 cada cinco años, que corresponden a los altos cargos de la República del Paraguay”, exteriorizó.
Requerido sobre el alcance de los dictámenes de la Contraloría, Camilo Benítez explicó que si bien estos instrumentos tienen un carácter técnico, en determinados casos emblemáticos la institución ha decidido apartarse de los procedimientos habituales para atender situaciones que consideró especialmente graves.
En ese sentido, señaló que se han detectado casos en los que el nivel de vida de ciertos funcionarios resultaba notoriamente desproporcionado en relación con sus ingresos declarados, lo que motivó actuaciones más rigurosas por parte del órgano de control.
“Sé que esto suena muy mal y ya lo dije varias veces, pero si yo fuera fiscal, imputaría con base en el informe de la Contraloría”, reflexionó, al subrayar la relevancia de estos informes como insumos clave para eventuales investigaciones del Ministerio Público.