El senador Eduardo Nakayama cuestionó con dureza la resolución judicial que ratificó la prescripción de la causa por presunta producción de documentos no auténticos contra el legislador Hernán Rivas. El parlamentario calificó la sentencia de los camaristas como un “aberrante absurdo jurídico” que pretende forzar la validez de un título de abogado cuya obtención carece de sustento académico real. Durante el debate, Nakayama enfatizó que, más allá de los tecnicismos legales alegados por los magistrados, el sistema judicial está fallando en proteger la fe pública. De acuerdo al reporte transmitido en el programa Tribu nativa por La Tribu 650 AM.
Supuesta injerencia política y responsabilidad fiscal
Para el legislador de la oposición, tanto el juez de primera instancia como los miembros del tribunal de alzada habrían cedido ante una fuerte injerencia política para cerrar el caso. Nakayama señaló que la labor del Ministerio Público, bajo la gestión de Emiliano Rolón Fernández, también presenta falencias críticas al no haber convocado a tiempo a actores claves como rectores y decanos. El senador sostuvo que existe una sospecha fundada de que la imputación se realizó de forma tardía para facilitar el blanqueo del procesado, permitiendo que los plazos procesales se agotaran.
El uso del título como hecho punible vigente
Un punto central de la crítica legislativa reside en la distinción entre la producción del documento y su utilización. Nakayama argumentó que, aunque se pretenda declarar prescrita la fabricación del título, el delito por “uso de documento no auténtico” permanece vigente, dado que Hernán Rivas volvió a utilizar dicho certificado para jurar como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2023. Según el senador, cada vez que el documento es presentado ante una instancia oficial, se perfecciona un nuevo acto de estafa al sistema legal.
Tráfico de influencias y amenaza a la fiscala Sánchez
La entrevista también abordó la denuncia sobre supuestas amenazas recibidas por la fiscala Patricia Sánchez. Nakayama calificó este hecho como una situación de extrema gravedad que configuraría un claro tráfico de influencias y una causal directa para la pérdida de investidura. El senador confirmó que hoy se presentará un pedido de informe dirigido al Fiscal General del Estado para que se identifique formalmente al legislador que habría realizado las advertencias. El parlamentario subrayó que la Cámara de Senadores debe investigar este punto el próximo miércoles.
Expediente administrativo y sumario ante la Corte
A pesar del polémico fallo judicial, el parlamentario recordó que todavía existen instancias abiertas para objetar la idoneidad de Rivas. Mencionó la posibilidad de un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el sumario administrativo abierto en el estamento judicial. Nakayama reiteró que el título no debería ser habilitante si se demuestra la inexistencia de la carrera o de la asistencia a clases, apelando a la teoría de los actos nulos para invalidar cualquier actuación profesional que el legislador pretenda realizar en el futuro.
