La expresión “economía de guerra” utilizada por el ministro de Economía generó sorpresa en un contexto donde Paraguay no enfrenta una crisis económica tradicional. No hay recesión, ni estrés cambiario, ni un shock externo profundo. Sin embargo, al analizar los datos fiscales y tributarios recientes, el concepto deja de parecer exagerado y empieza a revelar un mensaje mucho más preciso: no es una advertencia hacia el mercado, sino hacia el interior de las esferas públicas.
La actividad económica al inicio del 2026 se mantiene en terreno positivo. El Imaep (Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay) muestra crecimiento moderado y, al excluir agricultura y binacionales, incluso una dinámica algo más firme. Los sectores vinculados al consumo, servicios y parte de la manufactura sostienen la expansión. En ese sentido, no hay señales de colapso económico que expliquen por sí solas un discurso de emergencia. La economía sigue funcionando, pero no lo suficiente como para resolver por sí sola las tensiones fiscales que empiezan a acumularse.
Y ahí aparece el punto central: el frente fiscal cuenta otra historia.
Los ingresos del Estado comienzan a mostrar señales de debilitamiento. En los primeros meses del 2026, los ingresos totales presentan una leve caída interanual, pero lo relevante es su composición. Los ingresos tributarios prácticamente se estancan, mientras que los provenientes de binacionales registran una caída significativa. Si se observa el primer bimestre, los ingresos de Itaipú y Yacyretá caen cerca de 30% en dólares respecto al mismo período del año anterior, reduciendo un componente históricamente clave para el tesoro público.
Al mismo tiempo, aparece una divergencia clara en la recaudación. Los impuestos internos mantienen un crecimiento positivo, impulsados por el consumo y mejoras en la administración tributaria. En cambio, los impuestos vinculados al comercio exterior muestran una contracción relevante. La DNIT confirma que en febrero del 2026 se registra el primer dato negativo interanual reciente (-2,8%), explicado por la apreciación del guaraní, que reduce la base imponible en guaraníes de las importaciones, incluso cuando el volumen no cae.
Este fenómeno introduce un concepto clave: una restricción fiscal silenciosa. Los ingresos no se deterioran por una crisis visible, sino por la combinación de factores como el tipo de cambio, la menor contribución de binacionales y el debilitamiento de la recaudación externa.
Lo más relevante es que esta restricción aparece en un contexto donde la economía sigue creciendo. Es decir, no hay un problema de nivel de actividad, sino de conversión de ese crecimiento en ingresos fiscales efectivos. Esa diferencia es la que empieza a tensar la sostenibilidad del gasto público.
En paralelo, el gasto muestra una dinámica claramente expansiva. En el arranque del 2026, el gasto crece a tasas de dos dígitos, impulsado por remuneraciones, prestaciones sociales y transferencias. Programas como la alimentación escolar, el aumento de jubilaciones y las transferencias a gobiernos subnacionales consolidan una estructura de gasto rígida y políticamente sensible. El problema no es solo el nivel de gasto, sino su composición: gran parte de él es difícil de ajustar sin costo político.
Es en este contexto donde la idea de “economía de guerra” cobra sentido.
No describe una economía en crisis, sino un Estado que ha perdido margen fiscal. Es, ante todo, un mensaje interno. Hacia el gabinete, implica que ya no hay espacio para la expansión automática del gasto ni para nuevas iniciativas sin priorización clara. La lógica incremental del presupuesto empieza a chocar con una realidad de ingresos más débil.
Hacia el Congreso, el mensaje es aún más directo. En un país que basa su modelo económico en baja presión tributaria, no es posible sostener indefinidamente aumentos del gasto sin comprometer el equilibrio fiscal. Esto introduce un límite político: si no se ordena el gasto, la alternativa futura puede ser un cambio en el esquema tributario, algo que hoy no forma parte del discurso gubernamental, pero que requeriría al menos un inicio de debate técnico.
En el fondo, el ministro está planteando una redefinición del rol del gasto público. No se trata de gastar menos por principio, sino de gastar mejor. De priorizar programas, de eliminar superposiciones y de exigir resultados concretos de los programas públicos. En un contexto de recursos más escasos, la eficiencia deja de ser un objetivo deseable y pasa a ser una condición necesaria.
Además, este momento marca un cambio en la naturaleza del debate fiscal. Durante años, la discusión giró en torno a cómo expandir la capacidad del Estado sin afectar la competitividad. Hoy, en cambio, el foco se desplaza hacia cómo sostener ese modelo en un contexto donde los ingresos ya no crecen al mismo ritmo. Esto obliga a una mayor disciplina política y técnica en la toma de decisiones presupuestarias.
La advertencia es clara. Paraguay no enfrenta una crisis económica, pero sí una restricción fiscal que, de no ser gestionada, puede derivar en problemas mayores. La “economía de guerra” no es una descripción del presente, sino una señal sobre el futuro. La discusión ya no es si ajustar o no, sino cómo hacerlo: de manera ordenada y estratégica, o de forma reactiva cuando el margen fiscal ya no exista.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.