Basilio Núñez, senador y presidente de la Cámara Alta, se refirió al roce que se registró en las últimas semanas entre diputados y senadores, principalmente del sector oficialista, a causa de los cambios realizados en la ley que modifica y reforma la Caja Fiscal.
A criterio del congresista colorado cartista, esta etapa debe ser superada por los legisladores y avanzar con los proyectos de grandes impactos en pos del bienestar de la ciudadanía.
Apelando a la diplomacia y a su experiencia previa en la Cámara Baja, el senador hizo un llamado a la cordura.
“Para mí tenemos que perdonarnos setenta veces siete. Yo fui diputado, conozco las prerrogativas que tiene la Cámara de Diputados, así como del Senado, entonces, más que nada (quiero) pedir coherencia a los diputados, pedir coherencia a los senadores y también que prioricemos el trabajo para la gente, para la ciudadanía”, dijo.
El conflicto en cuestión
El tratamiento del proyecto de ley, que finalmente fue aprobado el martes en la Cámara de Diputados, fue impulsado por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado durante el receso parlamentario.
El proyecto original había sido rechazado por los sectores afectados, por lo que fue modificado inicialmente en la Cámara Baja, bajo directrices de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta versión también fue ampliamente rechazada.
Tras presiones y reuniones con docentes y policías retirados, en Cámara Alta se realizaron nuevas modificaciones, situación que molestó a los diputados. Varios de ellos afirmaron que se sintieron “engañados y estafados” por funcionarios del MEF.
Núñez confesó su postura personal sobre la ley, admitiendo que para solucionar en gran medida el déficit fiscal él hubiera preferido la versión de la Cámara de Diputados, aunque reconoció que “no se pudo”.
Molestos con titular del MEF
Uno de los que manifestó abiertamente su disgusto con el titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, fue el diputado Hugo Meza, vicepresidente primero del Parlamento, quien aseguró que el secretario de Estado dio mayor permisividad a los congresistas para realizar los cambios en el proyecto de ley.