La discusión sobre la administración del programa Hambre Cero volvió a instalarse en la agenda política luego de que gobernadores expresaran su rechazo a una eventual centralización de los recursos en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
El planteamiento fue expuesto tras una reunión mantenida entre el Consejo de Gobernadores y el presidente de la República, Santiago Peña, donde se evaluó el alcance y la implementación del plan de alimentación escolar a nivel nacional.
El gobernador de Ñeembucú, Víctor Fornerón, afirmó que durante el encuentro se abordaron distintos aspectos del programa, con énfasis en su impacto dentro del sistema educativo y social.
En ese contexto, sostuvo que no existen denuncias específicas ni comprobadas sobre la ejecución del plan en los territorios administrados por las gobernaciones, y remarcó que los cuestionamientos deben canalizarse a través de las instancias correspondientes.
El posicionamiento de los gobernadores se da en paralelo a la decisión de la Cámara de Senadores de aprobar el traslado de fondos del programa en las gobernaciones de Alto Paraná y Concepción, lo que reavivó el debate sobre el modelo de gestión. Para Fornerón, ese tipo de resoluciones responde a una lógica política que, según indicó, no debería interferir en un programa considerado prioritario por su alcance social.
Uno de los puntos resaltados por las autoridades departamentales es el nivel de control al que están sometidos en la administración de los recursos.
Fornerón aseguró que las gobernaciones son auditadas de manera permanente por el Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En esa línea, sostuvo que incluso pusieron sus cargos a disposición para cualquier revisión adicional que se considere necesaria, insistiendo en que el programa no registra denuncias formales sobre mal manejo de fondos.
Señaló además que los inconvenientes detectados hasta el momento fueron puntuales y resueltos de manera inmediata dentro de los canales institucionales.
El planteamiento de trasladar la administración al MDS, impulsado en algunos sectores como una forma de “blindar” el programa de disputas políticas, fue cuestionado por los gobernadores.
Fornerón consideró que esta medida implicaría un retroceso en el proceso de descentralización y podría afectar la eficiencia operativa del plan.
Argumentó que las gobernaciones, al estar en contacto directo con las comunidades, tienen mayor capacidad de respuesta en la logística, distribución y control del servicio alimentario.
Según indicó, la cercanía con las instituciones educativas y los proveedores permite una gestión más ágil y adaptada a las realidades locales.
El caso de Ñeembucú fue presentado como ejemplo de cobertura total en alimentación escolar. De acuerdo con el gobernador, el departamento alcanza al 100% de los estudiantes con desayuno, merienda, almuerzo e incluso cena en instituciones con turno nocturno, abarcando todos los niveles educativos.
Explicó que este resultado fue posible mediante la priorización de recursos y la reprogramación presupuestaria a nivel departamental, lo que, a su criterio, demuestra la efectividad del modelo descentralizado.
En ese contexto, los gobernadores insistieron en la necesidad de sostener el esquema actual, al tiempo de abrir el debate sobre eventuales ajustes normativos que permitan fortalecer los mecanismos de control sin alterar la estructura de gestión vigente.