La diputada Rocío Vallejos manifestó su profunda preocupación por la situación de la Caja Fiscal y la gestión del Tesoro Nacional, calificando las medidas adoptadas recientemente como insuficientes ante la magnitud del problema. La legisladora señaló que, aunque la reforma estableció una edad mínima de jubilación para ciertos sectores, el déficit proyectado solo se redujo de 800 millones de dólares a 600 millones, lo que representa una solución superficial que no detiene el sangrado financiero del Estado.
Vallejos enfatizó que el problema de fondo no ha sido resuelto y que la actual administración está postergando una crisis de sostenibilidad que impactará severamente en los próximos periodos gubernamentales, según se analizó en la emisión de Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.
La parlamentaria propuso la creación de una Comisión Nacional integrada por representantes de todos los poderes del Estado y expertos técnicos para abordar la crisis de las ocho cajas jubilatorias existentes en el país.
Resaltó que la impunidad en la administración de fondos públicos ha llevado a situaciones extremas, como el caso de la caja municipal, que actualmente adeuda meses de haberes a jubilados tras décadas de saqueos sistemáticos. Vallejos cuestionó que la población general deba solventar con sus impuestos los déficits generados por una gestión ineficiente y corrupta, sin que existan castigos reales para los administradores responsables del desfalco de los fondos previsionales.
Crisis de la Caja Fiscal y propuesta de Comisión Nacional
La deuda pública con sectores estratégicos como las vialeras y las farmacéuticas también fue objeto de duras críticas por parte de la diputada. Vallejos calificó el Presupuesto General de la Nación como “mentiroso”, explicando que las cifras aprobadas en el Congreso suelen ser ficticias frente a la realidad del plan financiero y el plan de caja.
El Estado actualmente mantiene deudas millonarias, incluyendo 990 millones de dólares solo en el IPS por medicamentos, mientras se siguen emitiendo bonos soberanos sin una claridad absoluta sobre el destino de dichos fondos o la capacidad real de pago de los intereses acumulados por el retraso en las transferencias a los proveedores.
La gestión del gasto público y la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales agravan la desconfianza ciudadana. La legisladora mencionó que el retraso en el pago a las empresas constructoras afecta directamente a más de 200.000 personas que dependen de la cadena de pagos en obras de infraestructura.
Esta situación de economía de guerra planteada por el Ejecutivo se contradice, según la diputada, con la falta de respuestas institucionales ante denuncias de malversación de fondos, como los 500.000 millones de guaraníes que debían destinarse a desagüe pluvial y cuya investigación permanece estancada en el Ministerio Público.
La realidad del Tesoro y las deudas con sectores estratégicos
En cuanto a las propuestas de la DNIT para aumentar la recaudación, Vallejos se mostró abierta a analizar los proyectos que buscan limitar las reservas de utilidades y revisar las exoneraciones impositivas para vehículos eléctricos de alta gama.
Sin embargo, reiteró que ninguna medida de ingresos será efectiva si no se combate frontalmente la impunidad y se mejora la calidad del gasto. La diputada lamentó que se sigan utilizando figuras como el rechazo a las interpelaciones para proteger a administradores cuestionados, debilitando la institucionalidad y permitiendo que los recursos destinados a salud y educación se pierdan en estructuras de corrupción protegidas políticamente.