La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Caja Fiscal en la versión aprobada por el Senado, en una sesión marcada por tensiones políticas. La ley introduce cambios relevantes en el sistema previsional, entre ellos el aumento del aporte de trabajadores de sectores deficitarios del 16% al 19% y la incorporación de un aporte estatal del 10%.
El ajuste responde a un escenario de presión creciente sobre las finanzas públicas. Datos oficiales señalan que el déficit de la Caja alcanzó los USD 380 millones al cierre del 2025 y, sin medidas correctivas, podría incrementarse en unos USD 100 millones anuales. En ese marco, la normativa redefine condiciones de jubilación: fija una edad mínima de 53 años para docentes, magistrados y profesores universitarios, y de 55 años para policías y militares, con esquemas de reemplazo de ingresos de entre 75% y 90%.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, defendió la sanción al señalar que la reforma apunta a “ordenar el sistema” y contener un deterioro que, de no abordarse, habría derivado en un escenario fiscal más complejo. Sostuvo que se trata de una decisión que no podía seguir postergándose ante un desequilibrio acumulado y un margen de maniobra cada vez más limitado para el Estado.
La ley, que entrará en vigencia tras su promulgación por el presidente Santiago Peña, incorpora además disposiciones sobre invalidez, herederos y un régimen de transición. No obstante, se anticipa que el debate previsional seguirá abierto, con la intención de instalar una mesa de diálogo nacional para encarar una reforma integral en los próximos años.